El diagnóstico de funcionarios y responsables de la política contra el secuestro es el mismo:
-Es partir de cero.
Sabían el reto desde antes de darse a conocer la estrategia -el martes pasado con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al frente- porque fueron meses de adentrarse en investigaciones de un fenómeno desconocido.
Y hoy, con la maquinaria a punto de encenderse, el panorama no ha cambiado.
Ninguna estadística es confiable, ni las oficiales ni las de organismos no gubernamentales (ONG).
No hay registros porque, cuentan quienes supuestamente atendían el delito en los dos gobiernos anteriores, se desintegró el aparato construido a costa de muchos recursos y esfuerzos durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando la inteligencia permitió penetrar y desmantelar bandas como las de Daniel Arizmendi, El Mochoaorejas, y Andrés Caletri.
Con el debilitamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), orden específica de Vicente Fox porque lo vio como un organismo de persecución de adversarios políticos y no como la espina dorsal de la inteligencia de Estado, dejaron de tenerse archivos de los grupos criminales, sus modos operandi y las regiones de su actividad.
Fox partió de un agravio personal -grabaciones de sus diálogos con su amada Marta Sahagún durante la campaña presidencial de 2000- para modificar el organigrama del gobierno federal y desembocar en un daño al país cuyas consecuencias apenas están por conocerse.
De un hombre montaraz se entiende, ¿pero de Felipe Calderón?
En su sexenio se convirtió en posición para aliados políticos.
LIMPIA EN LAS UNIDADES ANTISECUESTRO DE ESTADOS
La esperanza puesta en los cuerpos estatales está prácticamente desvanecida.
Las unidades creadas por algunos gobernadores jugaron en contra con un interés político.
La mayoría de ellas -por no decir todas- oculta información porque ven en la difusión de datos el desprestigio de sus autoridades y, para no acrecentar la percepción de inseguridad, se reservan las cifras reales.
El cruce de datos de los organismos ciudadanos -de Alejandro Martí, María Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace-, religiosos y universitarios ha llevado a las entrañas de un enorme entramado de corrupción e ineficiencia.
Las propias unidades antisecuestro a menudo operan como bandas dedicadas a ese delito.
Su relación con policías de Seguridad Pública les permite dar información, encubrir y extorsionar a grupos criminales para facilitarles su actividad.
Dificultan el levantamiento de denuncias para desanimar a los familiares de las víctimas, por lo cual esos raptos pasaban a las cifras negras: nueve de cada diez delitos conocidos por la autoridad, según cálculos del coordinador Renato Sales.
Cuando el amor y la desesperación han logrado vencer toda esa maraña de burocracia y corrupción, los ministerios públicos estatales levantan actas circunstanciadas y no averiguaciones previas.
Cero persecución, pues.
Con este diagnóstico, la primera tarea es poner orden institucional y el compromiso de los gobernadores, en especial de los 10 más asolados, es abrir las puertas a la acción federal y procesar a delincuentes y servidores públicos encubridores.
En este aspecto habrá muchas sorpresas.
EL RETO DE REINCORPORAR AL DEBATE AL PAN Y AL PRD
El reto se llama consenso.
Sobre él van el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para votar las leyes reglamentarias y dar legitimidad a las reformas fundamentales recién aprobadas.
Lo dijeron ayer con distintos sinónimos los altos funcionarios -Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam-, el dirigente César Camacho y los coordinadores Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones.
Todos parten de una certidumbre: disponen de los votos para todas ellas, incluidas las hacendarias y las energéticas, y hoy no cuenta la respectiva oposición de los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
-Vamos a convencerlos- anunciaron Gamboa y Beltrones.
-No hay plan para nada de modificar la reforma hacendaria-dijo a su vez Videgaray entre anuncios de reducción del gasto corriente -0.3% en 2013 por primera vez en nueve años-, reglas fiscales inalterables para el siguiente trienio e incremento en la captación para canalizar mayores recursos a la inversión social y de infraestructura.
Tampoco ven agobio por tantas leyes urgentes -unas 46 para dar plena vigencia a 16 reformas constitucionales en 16 meses de Legislatura-, pues Beltrones esbozó la intención de revisar el secreto fiscal para no ocutar abuso de beneficiarios de condonaciones.
