¿Son las cifras duras y la evidencia de puesta en práctica de estrategias reactivas en seguridad prueba del compromiso de un gobierno con los desafíos derivados de toda incidencia delictiva?
En parte. No es suficiente.
Ahí está la apuesta de la Ciudad de México. La administración de Clara Brugada ha comenzado a consolidar un modelo integral que interviene en las causas, anticipa y mapea desde donde suele ocultarse el delito, apuesta a la proximidad policial y busca entender y aprovechar los llamados silencios estadísticos: donde no se interpone una denuncia formal pero sí se pide ayuda.
Los reportes a la línea de emergencia 9-1-1, operada por el C5, son un termómetro crucial, indicio de conflictos cotidianos. En meses recientes se hallan a la baja igual que las denuncias formales. Ayer, en el informe mensual de seguridad, Brugada resaltó una disminución de 65.7 por ciento en los delitos de alto impacto en el periodo enero-mayo de este año respecto al mismo de 2019. Comparando enero-mayo de 2025 contra mismo lapso del año previo el decremento es superior al 10 por ciento.
En el caso de las llamadas de emergencia —con referencia a delitos, accidentes o faltas cívicas, principalmente— hay un descenso de 24.5 por ciento en mayo de este año en comparación con el mismo mes del año pasado.
La alineación entre indicadores permite interpretar una evolución positiva en la arquitectura de la seguridad urbana y reconocer, como lo mencionó la jefa de Gobierno, el reto de impactar con esos resultados en la percepción ciudadana. La voluntad política se revela en la coordinación del Gabinete de Seguridad, en particular de la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.
En la CDMX no se partió de cero, se ampliaron los avances construidos por la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum en su gestión local. Hay un reordenamiento hacía cinco pilares para reducir la incidencia delictiva.
La coordinación interinstitucional es un ecosistema para sumar capacidades con presencia constante en zonas prioritarias. El uso intensivo de tecnología, inteligencia y análisis estratégico utiliza los datos para anticipar patrones delictivos, entender lógicas territoriales y articular respuestas. La presencia institucional en zonas de prioridad es uno de los aspectos más disruptivos del modelo: intervención integral, desde luminarias hasta programas escolares o deportivos.
La construcción de seguridad con base en la garantía de derechos da sentido. Cuando empleo, cultura y recuperación del espacio público se convierten en ejes prioritarios de la estrategia se comienza a disputar el control territorial a las redes delictivas desde una lógica de inclusión, no de confrontación.
El descenso en los reportes al 9-1-1 y en las carpetas de investigación son señal del funcionamiento de las herramientas de contención. Es parte del núcleo de la seguridad sostenible.
@guerrerochipres
