Así, con este hashtag, los ciudadanos y algunas de las organizaciones que los agrupan han expresado en las redes sociales su rechazo al intento de los diputados del PRI y del Partido Verde de limitar el derecho al acceso a la información en la propia Constitución.
La cuestión es grave. Mientras que en otros frentes el presidente Peña Nieto busca apoyos para modernizar y transparentar a Pemex a través de la reforma energética, en éste se muestra la cara oscura del viejo PRI, la de las penumbras en el ejercicio de la función y de los recursos públicos a favor de los intereses particulares.
Con este motivo, ayer las organizaciones civiles México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia publicaron un comunicado que, por su importancia, bien vale la pena reproducir en algunos de sus párrafos:
“Después de un proceso legislativo poco claro, cerrado, sin información disponible oportunamente y sin consultas públicas y abiertas, coordinado por la Comisión de Puntos Constitucionales y en contraste diametral con el que tuvo lugar en el Senado de la República, el resultado de la discusión, hasta el momento, es un dictamen que limita el derecho de acceso a la información y es regresivo respecto de la minuta aprobada por el Senado, en donde el proceso también estuvo a cargo de la Comisión de Puntos Constitucionales.
“La postura ambigua del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática permitió que el dictamen fuera aprobado el día de ayer en los términos presentados por el PRI y el PVEM. De haberse aliado con el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para votar el dictamen en lo general en contra, hubiera existido la posibilidad de frenar este grave retroceso.
“De esta manera, se aprobó un dictamen que propone que algunos titulares de entidades públicas -el Consejero Jurídico, el Procurador General de la República, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Presidente del Banco de México-, puedan impugnar las resoluciones del órgano garante del derecho de acceso a la información, bajo supuestos que consideramos demasiado amplios y generales: literalmente, ‘la seguridad, la estabilidad económica y la protección de derechos humanos’. Esto significa que, en la práctica, el acceso a la información para el ciudadano perderá su calidad de expedito, además de que se judicializa un derecho humano y se contradice el reconocimiento expreso de la especialización y autonomía del órgano garante para dirimir las controversias que se susciten en esta materia.
El dictamen plantea que los partidos políticos serán sujetos obligados directos pero bajo la supervisión del Instituto Federal Electoral (IFE), lo que implica mantenerlos en un régimen de excepción para el escrutinio eficaz del ciudadano, conservando la relación asimétrica entre éste y los institutos políticos que, tal como funciona en la actualidad el sistema político en México, dominan de manera abrumadora y arbitraria la toma de decisiones y el debate públicos…
“De igual forma se excluyó la facultad del órgano garante para interponer acciones de inconstitucionalidad, con lo que se evita la protección, de manera amplia y preventiva, del derecho de acceso a la información ante la posibilidad de proponer normas que puedan limitar su alcance - intencionalmente o no.
“Por todo esto, el dictamen aprobado ayer en las Comisiones Unidas representa un revés a la máxima protección del derecho de acceso a la información y una contradicción del compromiso del Estado Mexicano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Hasta allí el texto del comunicado. Sólo agrego: Ya es tiempo que los ciudadanos hagan valer su voz cuando se trata de los asuntos públicos que les incumben; por eso #transparenciaya.
