Bruselas ha dado su paso más audaz hasta la fecha hacia la independencia energética total de Rusia, presentando una hoja de ruta para cortar todas las importaciones restantes de gas, petróleo y combustible nuclear rusos para finales de 2027. El comisario de Energía de la Unión Europea (UE), Dan Jørgensen, fue tajante: "Ya no permitiremos que Rusia utilice la energía como arma en nuestra contra".
El plan, revelado el 6 de mayo, establece una estrategia por fases: los nuevos contratos de gas ruso, así como los acuerdos vía instrumentos financieros, quedarán prohibidos a finales de 2025. Los contratos a largo plazo deberán rescindirse a más tardar en 2027.
Aunque la UE ha reducido sus importaciones de gas ruso del 45% en 2021 al 19% en 2024, Moscú sigue siendo un proveedor clave, sobre todo a través del gas natural licuado (GNL) y el gasoducto TurkStream. Hoy, con el presupuesto bélico de Vladímir Putin aún alimentado por los ingresos fósiles, Bruselas insiste en que ni siquiera un hipotético acuerdo de paz con Ucrania justificaría volver a depender de la energía rusa. Úrsula von der Leyen describió el plan como esencial para la “seguridad, solidaridad y soberanía” del bloque.
La resistencia es fuerte con Hungría y Eslovaquia, que dependen enormemente de los suministros rusos. Budapest ya calificó el plan como un “grave error”. Sin embargo, la Comisión confía en que no necesitará unanimidad entre los 27 miembros de la UE, ya que una mayoría calificada bastará para aprobar las medidas. A diferencia de las sanciones, que exigen consenso total, las prohibiciones estipuadas en el plan pueden avanzar con mayoría calificada, según Jørgensen.
La ruta también obliga a los países de la UE a presentar planes nacionales antes de fin de año, detallando cómo eliminarán las importaciones rusas en todos los sectores energéticos. El combustible nuclear, a menudo ignorado, está ahora en el centro: Bruselas planea imponer restricciones al uranio enriquecido ruso y reducir la dependencia de los reactores de diseño ruso que aún operan en cinco Estados miembros.
Los retos legales y logísticos no son menores. Las empresas europeas, atadas por contratos de “compra obligatoria o penalización” con proveedores rusos, podrían enfrentar arbitrajes, aunque Bruselas sostiene que las cláusulas de fuerza mayor les ofrecerán respaldo legal. Mientras tanto, el GNL estadounidense se perfila como pieza clave para reemplazar los volúmenes rusos, aunque críticos advierten que este giro podría simplemente sustituir una dependencia por otra.
