En el horizonte legislativo empieza a verse una silueta.
Es la del magistrado Santiago Nieto Castillo.
Los coordinadores de las fracciones en la Cámara de Diputados han volteado hacia él como salvación para cubrir el ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para cubrir la vacante del consejero electoral Sergio García Ramírez.
Este abogado, presidente de la Sala Regional de Toluca del propio Tribunal, se dio a conocer cuando, en diciembre de 2011, elaboró el proyecto de anulación de la elección de Wilfrido Lázaro como alcalde de Morelia.
Lázaro fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero se le privó de su victoria porque un día antes de la votación, en noviembre en Estados Unidos, el boxeador Juan Manuel Márquez usó calzoncillos con el escudo tricolor.
Los magistrados lo calificaron de acto de campaña fuera del tiempo legal, al igual que un mitin de Fausto Vallejo al cual asistió Lázaro.
Hubo comicios extraordinarios y en ellos Lázaro superó con mayor margen al panista Marko Cortés, pero la sentencia bosquejada por Nieto Castillo marcó un precedente electoral.
Ese antecedente da argumentos al PRI para rechazar cualquier acusación de madruguete y desmantela los argumentos de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyos coordinadores acusan a los diputados priistas de pretender apoderarse de la plaza.
Si Nieto Castillo fue clave para quitarles un triunfo en una decisión imparcial.
En ese sentido, el panista Luis Alberto Villarreal y el perredista Silvano Aureoles pueden llevar garantías a sus dirigentes Gustavo Madero y Jesús Zambrano.
CONSEJEROS ELECTORALES SIN DON JURÍDICO
Pero hay un argumento más sólido para su eventual designación:
El actual Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) ha sido el más chiquito de cuantos hemos tenido, y vaya si hubo protestas con la actuación de Luis Carlos Ugalde y compañía en 2006.
Varios de ellos se fueron a la calle por su inoperancia.
El grupo encabezado por Leonado Valdés perdió todo su don jurídico cuando a principios de año abandonó su silla el ex secretario general del PRI, Sergio García Ramírez, para dejar un conflicto todavía insoluble.
A causa de ese déficit, al Tribunal de Alejandro Luna Ramos se le han multiplicado los asuntos y, ocasión tras ocasión, regresa los asuntos al Instituto con la instrucción de corregirlos o aplicar sanciones.
Una vergüenza.
Ese sería un elemento más para llevar a un jurista de larga experiencia.
Y si transitó en el Senado de la República, donde tuvo el apoyo de las fracciones y se le hizo magistrado electoral, en la Cámara de Diputados podría encontrar también el consenso.
Este tema podría solventarse en horas.
CÁMARA: UN PLEITO GENERA DOS COMISIONES
1.- Los pleitos en San Lázaro llegan a lo inverosímil.
El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, debió dar un manotazo para poner en orden a Ana Lilia Garza, del Partido Verde, y a Juan Pablo Adame, del PAN.
Ambos crearon comisiones empalmadas: ella la de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y él la Digital y Tecnología de la Información.
El tema es único, les dijo Arroyo Vieyra, y en su lugar se creó otra con los dos al frente.
2.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) falló nuevamente y declaró recesos administrativos, como si en ella no manejara un mercado totalmente electrónico.
Que eso hubiese pasado en 1999, cuando inició la operación electrónica, puede entenderse, pero no en estos tiempos.
¿O sí, don Luis Téllez?
Y 3.- el presidente Enrique Peña no dejó descansar a su equipo turístico.
Apenas regresó de su gira por Asia, donde consiguió inversiones y varios vuelos de China a México, lo envió al inicio de la fiesta de la Guelaguetza en Oaxaca.
Allá estuvieron ayer la secretaria Claudia Ruiz Massieu y el director del Fonatur, Héctor Gómez Barraza.
