Ayer, el senador Mario Delgado puso una bomba sobre la mesa. “No tengo ninguna duda: aquí se esconde el nuevo Fobaproa”, le dijo el senador perredista al reportero Roberto Fonseca de este diario, sobre el endeudamiento de estados y municipios.
El llamado de atención de Delgado no debe pasar desapercibido. No para los ciudadanos. Mario Delgado es un hombre cercano al ex jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, de quien fue su secretario de Finanzas precisamente en los años en que las deudas de los gobiernos locales destapaban su crecimiento entre 2006 y 2010.
Pero, además, como economista formado en el ITAM y en la Universidad de Essex, se metió de lleno al análisis de las finanzas públicas y, en particular, a las auditorías que se le practicaron al Fobaproa desde la secretaría técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados entre 1997 y 2000.
Así que el senador Mario Delgado, quien no es muy dado a las estridencias, sabe de lo que está hablando. Por eso llama la atención su advertencia de que las actuales deudas de estados y municipios esconden un Fobaproa.
Claro que el monto del actual endeudamiento de los gobiernos locales no se parece en nada a aquellas multimillonarias deudas públicas contingentes que se asumieron por la quiebra generalizada de la banca durante la crisis de 1994-95.
Pero en lo que tiene razón el senador es que las deudas actuales de los estados y municipios están siendo manejadas bajo parámetros de opacidad similares a los que se aplicaron en el rescate bancario de los años noventa y que, por cierto, aún siguen pesando en el presupuesto público.
¿A qué me refiero con esto de opacidad? Primero al caos que existe en las deudas públicas locales. Ni la CNBV, ni el Congreso, ni la Conago tienen idea precisa de qué tamaño es la deuda. Si bien la deuda oficial suma 436 mil millones de pesos, es probable que ésta -conservadoramente- supere el medio billón de pesos -unos 41 mil millones de dólares- al hacer un recuento de los pasivos no bancarios que han asumido los gobiernos locales. Eso lo sabremos pronto.
Y claro, por lo ya visto, es altamente probable que al cobijo de esta opacidad se escondan una serie de deudas con destinos poco claros y bajo operaciones fraudulentas o corruptas.
Pero si la enfermedad ya es grave, la medicina que el gobierno federal decidió aplicar para solventar la carga de la deuda a los gobiernos locales peca de opacidad y de abuso con los contribuyentes al exentar del pago del ISR a los gobiernos estatales y municipales. Nada distinto a lo ocurrido con el Fobaproa.
En fin, que la irresponsabilidad y corrupción de los gobiernos locales con su política de endeudamiento -reflejada en un “caos conveniente”- ahora debe ser pagada por los mansos contribuyentes sin que ningún gobernante o legislador dé cuenta de nada.
Tiene razón Delgado. Estamos frente a un nuevo Fobaproa.
#LADYPROFECO.- Los verificadores de la Profeco llegaron en un tris a clausurar el restaurante Maximo Bistrot ante la sola llamada de la hija del Procurador, pero han pasado 10 días y los investigadores de la Secretaría de la Función Pública nomás no dan con los responsables del atropello y de la prepotencia. Evidentemente que se apuesta al olvido. Hace 10 días que el procurador Humberto Benítez Treviño debió haber renunciado.
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