Se ha anunciado que hoy al mediodía el presidente Enrique Peña Nieto, junto a los presidentes de los tres principales partidos políticos del país, anunciará una iniciativa de ley para reformar el sector de las telecomunicaciones como parte de los acuerdos del Pacto por México.
Según lo adelantado ayer por diversos medios de comunicación, las reformas contemplan el fortalecimiento institucional de los reguladores de la competencia económica y de las telecomunicaciones del país, dotándoles de la potestad legal para obligar a empresas de telecomunicaciones, radio y televisión que posean más de 50% del mercado a vender activos en pro de la competencia en estos mercados.
También se dijo que se contempla una mayor apertura a la inversión extranjera en telefonía; una mayor competencia en televisión abierta con la licitación de frecuencias para conformar dos nuevas cadenas de televisión; la creación del Instituto Federal de las Telecomunicaciones con comisionados que serán evaluados por una comisión académica, propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado; la gratuidad de las señales de televisión abierta para las empresas de cable que no sean dominantes y la obligatoriedad de los cableros de transmitir las señales de televisión abierta, cumpliendo con el llamado “must offer” y “must carry” que tanto conflicto ha causado, y un minucioso y más estricto proceso de selección de comisionados para la Comisión Federal de Competencia Económica y del nuevo IFETEL que busca eliminar los conflictos de interés que han azotado la credibilidad de estos organismos.
Si todas estas reformas son contempladas en la iniciativa de telecomunicaciones que presentará hoy el presidente Peña Nieto para su discusión en el Congreso, entonces se habrá dado un enorme paso de credibilidad para su gobierno.
Cuando se firmó el Pacto por México en diciembre pasado, pocos le dimos crédito más allá del golpe mediático que ello significó. El 9 de enero aquí escribimos (“¿Es confiable el Pacto por México?”): “Cuesta trabajo creer que no hay ‘gato encerrado’ en unos acuerdos políticos que prometen liberar a la economía de las ataduras de los rentistas, de la corrupción, y del diseño de las leyes a modo de unos cuantos, que la ha caracterizado por décadas… No tengo duda que los cambios legales a las telecomunicaciones y a las políticas de competencia son las piedras de toque del Pacto por México. Allí sabremos si efectivamente podemos confiar en el Pacto o nos han vuelto a tomar el pelo”. Eso escribimos en aquella ocasión.
El 8 de febrero (“¿Qué tan a fondo va Peña Nieto?”) volvimos al tema insistiendo en que la larga lista de compromisos en realidad se resume a un puñado de ellos que tocan los intereses de los poderes fácticos y allí mencionamos a las reformas a la ley de amparo y, por supuesto, a las leyes de competencia económica y de telecomunicaciones. Serían -decíamos entonces- los verdaderos desafíos a vencer del pretendido cambio que enarbola Enrique Peña Nieto.
Pues bien, ahora estamos frente a la posibilidad real de que estas reformas a las leyes del sector de telecomunicaciones se aprueben en el Congreso. De lograrlo, Peña Nieto habrá dado un enorme paso en sus objetivos de transformación económica y habrá asestado un duro -un durísimo- golpe a la incredulidad sobre su gobierno.
samuel@arenapublica.com | @SamuelGarciaCOM | www.samuelgarcia.com
