En su primer día de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto lanzó una lista de promesas que entusiasmó a más de uno, y a las que se añadió otra más al día siguiente con la firma del Pacto por México.
En cuestión de 48 horas las promesas habían crecido como en los mejores días de campaña. Sin tomar en cuenta las grandes reformas que ha propuesto el presidente, como la seguridad social universal, Peña Nieto lanzó una serie de generosas promesas como la dotación de computadoras portátiles para los alumnos de los dos últimos años de primaria, la ampliación de becas para la creación artística, seguros de vida para jefas de familia, programa nacional de pensiones para adultos mayores de 65 años, ampliación de horarios escolares en educación básica, entre otras que seguramente añadirán costos al ya abultado gasto público de los últimos años.
De allí que la pregunta que inmediatamente sonó a coro fue “¿y de dónde saldrá el dinero para financiar estas y otras promesas de realización inmediata como enero de 2013?”. La pregunta es razonable si se toma en cuenta que para el próximo año aún no se tendrá una reforma hacendaria que, potencialmente, incremente los ingresos tributarios más allá del crecimiento de la economía, y porque el presidente ha sido enfático en que su gobierno será responsable con el manejo de las finanzas públicas y, para subrayarlo, ha planteado un déficit presupuestal de cero para 2013.
Si esto es así, ¿de dónde Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto piensan sacar los recursos para financiar estas y otras promesas de realización inmediata y que les han permitido iniciar el gobierno con bonos al alza entre la ciudadanía?
Creo que la clave está en el gasto público. Ya Peña Nieto mencionó que aplicará un programa de austeridad presupuestal en materia de gasto corriente que si bien se dará a conocer con bombos y platillos, lo cierto es que su impacto sería más mediático que efectivo sobre el presupuesto total. Tampoco hay muchos márgenes de maniobra -no ahora- en presupuestos “atados” al gasto operativo en materia educativa, de salud o de combate a la pobreza.
Entonces lo que queda verdaderamente importante a nivel presupuestal se encuentra en los fuertes incrementos que se dieron en el gobierno anterior en materia de infraestructura que manejaron SCT y Energía (la inversión pública en telecomunicaciones y transportes se multiplicó por tres entre 2007 y 2012), presupuestos que no necesariamente se tradujeron en obras concretas con la eficiencia esperada en su ejecución. Es allí donde hay espacios para redistribuir recursos en el presupuesto 2013 que se enviará a los diputados este fin de semana.
SÍGALE LA PISTA…
Por cierto bastante nerviosos están los empresarios mineros del país con el compromiso 61 del Pacto por México en el que se lee que “se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción”. Por lo visto la vieja inquietud de incrementar los pagos de derechos por la explotación minera, que ha sido detenida en varias ocasiones por los empresarios del sector, ahora revive en el pacto. Y eso ha puesto en guardia a los mayores empresarios mineros del país como Alberto Bailleres de Peñoles y Germán Larrea de Grupo México.
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