Aunque a nivel mundial México es reconocido por su “actividad” en el combate a la corrupción y el soborno, se encuentra por debajo de 72 países de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, que lo ubicó en 2014 en el lugar 103 de un listado de 175 naciones.
En el marco de la discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, un informe de la consultora Hogan Lovells BSTL advierte a través de su análisis Global Brivery and Corruption Review, sobre la baja puntuación que nuestro país tiene en cuanto al combate de corrupción en comparación con otras economías.
De acuerdo con el informe, México se ubicó 30 posiciones por debajo de su principal competidor económico, Brasil; 82 lugares por debajo de Chile y 18 menos que Perú. Lo cual refleja una necesidad de replantear la estrategia anticorrupción a fin de prevenir, corregir y combatir actos de esa índole.
“Desde que México se unió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1994, y en particular desde la firma en la Convención contra el Soborno de 1999, ha sido activo en la lucha contra la corrupción y el soborno, sin embargo, aún está por detrás de muchos países similares”, señala el informe.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2013, la corrupción fue señalada como uno de los cinco problemas sociales que más afectaba a la población mexicana, 48.5% fue el índice de percepción.
Según esas cifras, los cuerpos policiacos, los partidos políticos y el Ministerio Público fueron señalados como los más corruptos, al considerar que eran corruptos “frecuentes” o muy “frecuentes” con porcentajes de 89.7%, 84.4% y 78.4% respectivamente.
Ante dicha situación, el informe de Hogan Lovells apunta a que se prevé que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción otorgará más facultades a organismos como la Auditoría Superior de la Federación a fin de investigar y sancionar actos de corrupción, así como para actuar en licitaciones públicas y de procedimientos.
Esta labor, señala la empresa, actualmente no se aplica eficazmente debido a que las sanciones no están claramente establecidas en la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque según como avance la discusión por parte de los legisladores es probable que la severidad de las mismas se incremente y se aplique a funcionarios públicos y particulares involucrados en actos de corrupción.
“Es una prioridad en la agenda política del país”, destaca el estudio.
