Las elecciones de jueces, magistrados y ministros van a refundar el Poder Judicial. Pero creo que harán poco por reordenar la impartición de justicia.
Lo digo porque las deficiencias en el sistema no cambian de fondo. Los juzgadores podrán modificarse, pero el entramado no se ha reformado de fondo, la gestión desde las fiscalías deja mucho que desear y los cambios no han modificado nada de esa estructura.
Para referirme a un ejemplo concreto: hace unos días iba a llevarse a cabo una audiencia para el caso de los funcionarios acusados por La Estafa Maestra. En esta en particular, los involucrados reclaman que los documentos con los que se les juzga son actas con firmas falsas.
Quienes estaban como directores en Sedatu, José Luis Sánchez y Javier Arrambide, reclaman que sus firmas fueron añadidas después y no son contratos que hayan detonado los pagos.
En realidad estos funcionarios son de los pocos que quedan en trámite jurídico y quedaron lejos otras cabezas de la dependencia, como Emilio Zebadúa quien logró un acuerdo con la Fiscalía, aunque no hubo pruebas contundentes contra ninguno de sus superiores, como pudo ser Rosario Robles o Enrique Peña.
Con la nueva conformación en el Poder Judicial, el trabajo y recursos de las fiscalías permanecen, por lo que las investigaciones y los alcances no tienen una previsión donde puedan cambiar.
En los últimos años, en México hemos buscado que personajes políticos o funcionarios públicos estén en prisión por casos de corrupción y desvío de dinero público. La percepción general es que la prisión es sinónimo de justicia, aunque resarcir el daño y desmantelar los sistemas que permiten los desvíos queden intactos.
El verdadero problema es que el esquema que facilitó el desvío de recursos está intacto. Ninguno de los accionistas de las empresas que ayudaron a desviar el dinero ha sido detenido, señalado o inhabilitado.
Incluso, el corredor público Alfonso Gómez Tamez, que ayudó a conformar las empresas, sigue ejerciendo (e inaugurando empresas) en un despacho en Nuevo León.
Ciertamente no es un delito abrir nuevas empresas, pero su fe pública debería haber sido un filtro para evitar que accionistas pudieran participar en al menos seis empresas distintas para tener contratos con la administración pública.
En las administraciones de los gobiernos encabezados por Morena, una de las promesas principales ha sido abatir la corrupción y castigarla, sin embargo, ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias en firme.
No ha sucedido con el caso de la Estafa, estimado en unos 7 mil millones de pesos, o con el de Agronitrogenados, donde el cálculo es de unos 200 millones de pesos, o el de Segalmex, con unos 9 mil 500 millones de pesos.
La duda genuina es si realmente la justicia es imparcial, accesible y equitativa. Y también si lo que viene para el Poder Judicial nos permitirá reforzar un sistema que tenga un piso parejo o más bien una ley donde gane el más fuerte.
@Micmoya
