La desconfianza de Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso 2011-2012 y el Instituto Federal Electoral no es nueva. El 8 de febrero, a través de una carta al IFE, el entonces precandidato exigió al instituto adoptar diversas “medidas para garantizar la equidad y autenticidad del presente proceso electoral federal”. Abarcó todo donde podría operarse un posible fraude electoral.
Obtuvo respuesta puntual a cada uno de los 12 señalamientos por parte del IFE a través de una carta, suscrita por su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, la cual fue sometida para su aprobación al Consejo General el 24 de mayo.
Como el candidato de las izquierdas no adjuntó pruebas o elementos suficientes para solicitar la intervención de otras autoridades, el IFE desechó la mayoría de los señalamientos. En algunos lo invitó a que, en caso de tener evidencias de la comisión de ilícitos, ofreciera las pruebas para que el IFE actuara de manera expedita.
López Obrador pidió monitorear los programas gubernamentales y sociales de los tres niveles de gobierno, así como solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría transversal financiera y de desempeño a los padrones de los programas sociales y contrastar el padrón de militantes del PAN con los delegados y funcionarios que administran los programas sociales. Además, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rindiera un informe para verificar el endeudamiento público de las entidades federativas.
También que la Unidad de Fiscalización realizara auditorías durante la campaña, para verificar el origen y destino de los recursos y que implementara reglas para la contabilidad y registro de bienes que se distribuyen en las campañas como propaganda.
Exigió reforzar acciones en contra de la compra y coacción del voto. En particular, contar con un mapa de riesgo sobre este fenómeno y citó, como ejemplo, los estados de México y Veracruz. Pidió revisar los perfiles de los capacitadores electorales. “Los escasos resultados en esta materia desalientan al ciudadano y propician la ilegitimidad del proceso mismo y el fraude electoral”, subrayó.
El IFE le explicó que es una autoridad que inequívocamente debe regirse por los principios de legalidad y de certeza, es decir, debe actuar cuando conoce concretamente y sobre bases ciertas, hechos o indicios que señalen una conducta probablemente ilegal.
En la respuesta de uno de los señalamientos, hizo énfasis en que “la vista a cualquier autoridad en el ejercicio de programas públicos, no puede basarse en hechos en abstracto” y precisó que, al no contar con elementos o indicios que permitan desprender la posible trasgresión a las normas que rigen esta materia, el IFE se encuentra impedido para actuar motu proprio.
