La senadora morenista Andrea Chávez Treviño está en todo su derecho de aspirar a ser la próxima gobernadora de su estado natal, Chihuahua. La ambición y la aspiración son endémicas en todos los políticos. Sin embargo, lo que no se vale o, mejor dicho, lo que no se debería valer en un país supuestamente democrático y que desde hace poco más de seis años vive bajo un importantísimo proceso de transformación (social e institucional) los llamados “representantes del pueblo” se pasen la ley por el arco del triunfo.
El recambio en la gubernatura chihuahuense tendrá lugar hasta dentro de dos años (o sea, en el 2027). Esto significa que en estos momentos tanto Andrea como cualquier otro político, del partido que sea, que aspira a ganar en las urnas un cargo de elección popular en aquella entidad, está impedido a hacer proselitismo alguno. Pero como a nuestro árbitro electoral, me refiero al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) literal ya se lo cargó el payaso, pues a la infanta Andrea ya se le hizo fácil andar por la libre quebrantando la ley.
Y además como se siente protegida y arropada por un personaje muy influyente y poderoso de la 4T, pues qué tanto es tantito, ¿no?
La bomba mediática que puso bajo el reflector a la senadora provino esta misma semana de Latinus, que dio a conocer que Andrea ha estado haciendo campaña política desde 2023 con dinero del empresario Fernando Padilla, amigo cercano y contratista consentido de Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado y quien en años recientes ha recibido millones de pesos en contratos de los gobiernos de Morena. Se trata de una megacampaña de publicidad y propaganda con cuatro camiones que brindan servicios de salud en Chihuahua, las unidades llevan impresos en tamaño jumbo su cara y su nombre, lo que claramente representa un acto de promoción aún cuando está prohibido por la ley (no se puede hacer campaña cuando no hay campañas).
La renta de estas caravanas médicas cuesta 10 millones de pesos mensuales y Andrea no ha reportado ni declarado ante ninguna instancia un solo centavo de esto porque, según ella, se trata de “donativos de la clase empresarial” los cuales, por cierto, por ley también deberían ser transparentados ante las instancias pertinentes.
Sin embargo, el tema con Andrea va mucho más allá de las caravanas médicas con las que promueve su imagen: Todo Chihuahua está inundado con anuncios espectaculares y a nivel nacional tiene un importante posicionamiento por medio de las principales redes sociales utilizadas por la población más joven (Facebook, TikTok, Instagram, X, etcétera), que es a quienes está dirigiendo su campaña. Punto y aparte son las camionetas Suburban blindadas en las que se transporta diariamente y los escoltas que la protegen, lo cual definitivamente también cuesta varios millones de pesos. Millones de pesos que, obvio, no se cubren con sus ingresos como senadora. ¿O acaso también se trata de “donativos de la clase empresarial”?
Menos mal que “por el bien de todos, primero los pobres”, ¿verdad?
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