Dice el refrán (y dice bien) piensa mal… y acertarás. Y, la verdad, uno no quisiera ser mal pensado con respecto a la detención de Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador panista en la historia política de México (1989-1995), ocurrida el pasado día 16 en Ensenada, Baja California, y a quien se le acusa, junto a otras seis personas, presuntamente por encabezar una red criminal dedicada al huachicol fiscal (introducción de combustibles al país por la vía del contrabando), actividad ilegal que le permitió embolsarse poco más de 500 millones de pesos mediante una red de empresas ligadas entre sí que conspiraron conjuntamente para comercializar petrolíferos y evadir el pago de impuestos de los mismos.
La investigación que derivó en la captura y vinculación a proceso del exgoberndor bajacaliforniano la realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de Omar Reyes Colmenares. También se involucró la Fiscalía General de la República (FGR) de Ernestina Godoy Ramos. Esta última dependencia fue la encargada de arrestar a Ruffo Appel y trasladarlo inicialmente a Tijuana, después a la Ciudad de México para finalmente depositarlo en el Estado de México, exactamente al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
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¿Es Ernesto Ruffo un criminal o su detención obedece a algún tipo de venganza? O, peor aún, ¿se trata de una cortina de humo? Un distractor, pues…
Hay múltiples voces desde la opinión pública y la prensa que se inclinan por pensar que este melodrama político no es más que una cortina de humo para que la atención se centre en esta coyuntura y conveniente nos olvidemos momentáneamente de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo, Carlos Alberto Torres y del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve de sus secuaces, todos bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico. Con excepción de dos cómplices de Rocha Moya, quienes ya se entregaron a las autoridades estadounidenses para convertirse en testigos o conseguir una significativa reducción en sus condenas, todos los demás sienten que ya les llegó el agua hasta el cuello después de que la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, presidida por el juez Brian Cogan, sentenció el lunes pasado al narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada García a cadena perpetua por diversos cargos por narcotráfico y crimen organizado. El otrora líder del Cártel de Sinaloa, aseguran, ya está soltando toda la sopa y tiene temblando de miedo a Marinita, su marido y a Rocha Moya.
Sinceramente, yo no voy a poner en tela de juicio el accionar de la UIF y la FGR. No me corresponde, por lo que le concedo el beneficio de la duda. Sin embargo, a mi me “brinca” la celeridad y la expeditez con la que actuaron para investigar, cerrar la pinza y detener a Ruffo Appel, al tiempo que se han olvidado por completo del obsceno caso de huachicol fiscal en el que están involucrados el extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán y sus sobrinos, también marinos, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. En el caso del bajacaliforniano estamos hablando de un quebranto financiero de poco más de 500 millones de pesos, mientras el otro oscila entre los 500 mil y los 800 mil millones de pesos. Así que resultan incomprensibles la doble narrativa y la doble moral por parte de las autoridades.
Si Ruffo Appel es culpable de lo que se le acusa, que pague y se pudra en prisión, pero… o todos coludos o todos rabones.
Contacto.- www.lapoliticamedarisa.mx
X: @yalessandrini1