Cómo no darle la razón al líder nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, cuando se refiere a la nueva alza al salario mínimo general en México, la cual entrará en vigor a partir del jueves 1 de enero de 2026, que en verdad hace falta leer las letras chiquitas de este incremento que le permitirá sólo a un mínimo porcentaje de la plantilla nacional (8 millones de trabajadores) alcanzar un ingreso neto mensual de poco más de 9 mil 500 pesos mensuales (en la región fronteriza rondará por los 13 mil 400 pesos). Y es que, en verdad, ésta trae sus vicios ocultos para todas las partes involucradas: la clase trabajadora, los empresarios y el propio Gobierno.
Y eso que no pienso mencionar que este incremento, al cual todavía le faltan 33 días para llegar a los bolsillos de 8 millones de trabajadores ya mencionados, prácticamente ya está pulverizado por la inflación y el alto costo de la vida en México, pues la canasta básica se ha disparado y los bienes y servicios también.
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Pero como el periodismo serio no tiene que ver con corazonadas, militancias y/o simpatías, mejor pasemos a los números, los números oficiales. Los que manejan el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), principalmente:
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo presentada por el Inegi el mes pasado, al tercer trimestre de este año México registraba una población económicamente activa de 61.3 millones de personas, de los cuales 55.9 por ciento (casi 60 millones) tenía un empleo. Sin embargo, de estos 60 millones de mexicanos con una fuente de empleo, 56 por ciento (34 millones) se ganan la vida en la economía informal.
¿Y eso, la economía informal que significa? Pues en términos simples y llanos se trata de personas con “trabajo” pero que no cuentan con protección legal y social alguna, sufren permanentemente de inestabilidad laboral, bajos salarios, falta de prestaciones (salud, jubilación, etcétera), ingresos no registrados y condiciones precarias, además de operar fuera de las regulaciones nacionales y no pagan impuestos, como los vendedores ambulantes, los empleados domésticos o quienes ejercen una profesión u oficio sin estar debidamente registrados ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) o el IMSS.
Cabe destacar que los informales alcanzaron una cifra récord en México durante julio pasado (34.2 millones) y su participación contribuyó con 24.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Una barbaridad!
Asimismo, los estados con mayor índice de economía informal en México (y aquí, si gustan, le pueden dar una lectura política al dato) son Oaxaca, Chiapas y Guerrero, los tres gobernados por Morena y donde la mayoría de los trabajadores carecen de acceso a seguridad social y prestaciones; mientras que Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, gobernados por la oposición, presentan los índices más bajos de informalidad, representando polos industriales y de servicios más formales.
La situación laboral de millones de mexicanos es muy poco halagüeña, incluso hay millones de hombres y mujeres que, por necesidad económica, tienen y buscan un segundo e incluso tercer empleo.
Según el Inegi para el segundo trimestre de 2025 alrededor de 4.3 millones de personas estaban dispuestas a tener un segundo trabajo y datos de 2022 mostraron que 5.3 millones de personas ya tenían dos o más empleos, esto es 8.9 por ciento de la población ocupada en ese momento.
¡Qué dura realidad!
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