A cuatro años de la creación de Gas Bienestar, el balance no sólo es desfavorable… es catastrófico. Lo que en su origen prometía justicia social y competencia en el mercado energético, acabó convertido en un pesadísimo lastre para el erario y en una amenaza para la supervivencia de las empresas que distribuyen Gas LP en México.
Más allá del déficit financiero y los subsidios opacos, lo verdaderamente preocupante es la actitud de cerrazón de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ya que a pesar de las evidentes señales de una política fallida, se ha negado a implementar cambios, incluso cuando esta industria ya empieza a asomar los síntomas de una crisis inminente en un sector fundamental para la vida diaria de millones de hogares y comercios mexicanos.
Desde 2021, el precio del Gas LP se ha mantenido artificialmente contenido. A diferencia de los otros combustibles (gasolina, diésel, gas natural…). El Gas LP permanece sujeto a un control de precios que ignora el alza de más del 100 por ciento en el salario mínimo y el aumento sostenido de los costos operativos.
Empresarios del sector han presentado datos, advertencias, propuestas técnicas y solicitudes formales. Sin embargo, la constante desde la Secretaría de Energía (Sener) ha sido el desdén, minimizando e ignorando el riesgo de quiebras y despidos masivos, pero, sobre todo, el potencial desabasto, los accidentes por falta de mantenimiento y una posible protesta nacional que paralice la distribución.
Pero, ¿a quién favorece este escenario? Mientras las empresas gaseras enfrentan pérdidas millonarias, despiden trabajadores y reducen sus operaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) se empecina en sostener un programa que no arroja beneficio alguno. Gas Bienestar opera con recursos públicos sin que haya retorno económico ni social visible.
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido abierta y públicamente que el modelo debe replantearse. Ha instruido a Luz Elena González a dialogar con las empresas para encontrar una salida técnica y responsable. Sin embargo, la titular de la Sener permanece inmóvil.
¿Por qué esa resistencia? ¿Qué hay detrás de su negativa a actuar?
En círculos políticos y empresariales circula una hipótesis muy delicada: La cercanía que existe entre Luz Elena y Andrés Andy López Beltrán, el hijo del expresidente Obrador, quien estaría vinculado a redes de influencia interesadas en capturar sectores clave de la economía mediante nuevos proyectos afines al obradorismo.
Hoy, la Sener no sólo le debe explicaciones a la industria gasera, también debe rendirle cuentas al país. Si colapsa la red privada de distribución de Gas LP, ni Gas Bienestar, ni Pemex, ni el discurso presidencial podrán contener las consecuencias, porque la energía no debe ser sólo accesible, debe ser viable, segura y regida por principios de transparencia. Y para ello se necesita que Luz Elena González demuestre voluntad política, apertura al diálogo y sentido de responsabilidad pública.
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