MADRID. Quince meses después de que el rey Juan Carlos leyera su mensaje navideño, la realidad empuja para relucir algunas de sus palabras: “Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.
En un hecho sin precedentes en España, la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, deberá comparecer ante el juez que investiga el presunto desvío de fondos públicos (seis millones de euros) en el que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin, aunque la Fiscalía anunció que presentará un recurso.
Frente a la decisión, la Casa del Rey manifestó su “sorpresa” por el “cambio de posición” del juez José Castro, instructor del caso Nóos, al haber decidido imputar a la infanta Cristina. Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, se encontraba ayer al mediodía en Bilbao junto al Príncipe de Asturias, inaugurando las nuevas instalaciones de la refinería vasca Petronor, cuando conoció la noticia a través del portal del periódico El Mundo.
El juez José Castro citó a la infanta Cristina a declarar el 27 de abril al apreciar indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera usado por Urdangarin y su socio, Diego Torres, en las presuntas actividades ilegales del instituto Nóos, que su esposo presidió varios años.
La convocatoria del juez a la infanta Cristina se produce después de que se publicaran varios correos electrónicos de Diego Torres, ex socio de Urdangarin en el citado instituto, dirigidos supuestamente a ella y a otras personas del entorno de la Casa Real. Hace algunas semanas, el juez consideró a los correos electrónicos como material válido y los incluyó en el caso.
Tras la imputación, la Fiscalía Anticorrupción anunció que recurrirá la decisión del juez por considerar que no existen indicios criminales que la relacionen con las actividades del instituto.
El juez sustentó la imputación en 14 indicios que salieron en declaraciones de imputados y de los propios correos electrónicos. El magistrado considera que podría existir un delito de cooperación o complicidad. Sin “el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real”, señala el auto, Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres no habrían podido obtener los fondos de los gobiernos autonómicos que supuestamente desviaron.
La imputación a la infanta marca un antes y un después en la historia de la monarquía desde 1976 porque termina con una especie de aura de inviolabilidad de la Familia Real. Después de la dictadura de Francisco Franco, la imagen monárquica, poco a poco, se fue quedando en primerísimo lugar, dejando atrás la confianza de la sociedad sobre el ejército, la iglesia y los políticos. Los problemas del rey Juan Carlos, desde que viajó en secreto a cazar elefantes a Botsuana hasta el propio destape de actos de corrupción de su yerno, Iñaki Urdangarin, no sembraron vínculos con violaciones legales.
Al ser cuestionado Rafael Spottorno por el futuro de la infanta, respondió con un lacónico “ya veremos”.
En febrero pasado, Urdangarin aseguró que su esposa nunca autorizó o avaló los negocios del Instituto Nóos.
La imputación de la infanta se produce casi tres años después de la apertura de la investigación y como paso previo al final de la instrucción por el juez Castro, que abrió el caso en julio de 2010.
La infanta Cristina se casó con Iñaki Urdangarin el 4 de octubre de 1997 en Barcelona. Tienen cuatro hijos, tres niños y una niña.
En la actualidad residen en España tras haber dejado Washington el pasado verano después de vivir tres años en la capital estadunidense, donde Urdangarin trabajaba para la multinacional de telecomunicaciones Telefónica. Con información de EFE
