Los presidentes municipales de Chinicuila y Coalcomán, en Michoacán, requieren seguridad particular, solicitó el presidente de la Coordinadora Municipalista del PRD, Carlos Paredes Correa.
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Aseguró que “ninguno de los dos ediles sale de sus municipio para mantener su integridad”.
El perredista indicó lo anterior luego que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreciera seguridad a los ediles que lo requirieran, tras el asesinato de Ygnacio Mendoza, alcalde del municipio michoacano de Santa Ana Maya, el 7 de noviembre pasado.
Ante la situación de inseguridad que se vive en la entidad, organizaciones de la sociedad civil, que forman parte de México Unido por Michoacán, denunciaron que a raíz del ascenso de Fausto Vallejo al poder, Los Caballeros Templarios iniciaron una escalada de violencia en contra de la población.
Exhortaron al gobierno federal a desarticular a esta organización criminal que extorsiona, cobra “derecho de piso”, secuestra y asesina en la entidad. Y pidieron garantizar la seguridad del obispo Miguel Patiño Velázquez y los demás integrantes de la diócesis de Apatzingán, quienes el pasado lunes denunciaron lo que ocurre en Michoacán.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, señaló que es necesario investigar a los gobernantes de los tres niveles de gobierno, a los ex gobernantes y a los familiares, en especial del gobernador Fausto Vallejo y el secretario Jesús Reyna, para descartar que hayan brindado protección a los grupos criminales.
José Antonio Ortega, también exigió que se esclarezca el asesinato Ricardo Guzmán Romero, quien fuera presidente municipal de La Piedad, Michoacán en 2011, y que hasta el momento no se han hecho las detenciones pertinentes, y que de acuerdo con su hermana fue asesinado por tratar de evitar el cobro de “derecho de piso” en la entidad.
Ortega afirmó que “si el presidente Enrique Peña considera que no puede cumplir con su obligación, si cree que las fuerzas de seguridad no pueden cumplir con su misión de restaurar el orden y el estado de derecho, pues que lo admita y actúe en consecuencia”.
Peritos denuncian corrupción en PGJE
Personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado denunció corrupción a la hora de expedir cartas de antecedentes no penales, acoso laboral y otras irregularidades por parte de la directora de Servicios Periciales, Marta Guzmán Castañeda.
Dijeron además que en la dependencia hay “aviadores”, es decir, personal que sólo acude a cobrar o trabajan desde casa, mientras que a otros les aumenta la carga de trabajo. También es acusada de que cobra en la Procuraduría General de la República, detalla la agencia Quadratín.