TECOANAPA, GRO.- Después de 37 horas, habitantes de las regiones de Costa Chica y Centro liberaron al centenar de militares del 48 Batallón de Infantería que mantuvieron cercados. Los más de 3 mil pobladores regresaron a sus casas, y la policía comunitaria continuó sus rondines de seguridad en la zona.
Alrededor de las 21 horas de ayer se les permitió a los elementos castrenses dejar el municipio, después de que negociaran su liberación una comitiva integrada por el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el procurador del estado, Iñaki Blanco; el asesor externo del gobernador, Ernesto Aguirre Gutiérrez, y aparentemente el delegado de PGR en el estado, Salvador Anaya del Carmen, así como un representante de Gobernación.
El conflicto inició a las ocho de la mañana del lunes, cuando un convoy militar interceptó y desarmó a cinco mandos locales de la autodefensa integrados en el Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC), creado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Los militares decomisaron cinco armas: cuatro armas cortas calibre 9 milímetros y 45, así como un subfusil tipo mini Uzi, también de 9 milímetros. Además arrestaron al comandante que los encabezaba, Gerardo Telefor a quien conocen con el seudónimo de Comandante Garza.
La intercepción de los militares provocó la indignación de los habitantes de la comunidad, conocida como El Pericón, quienes de inmediato se arremolinaron en torno de los soldados y oficiales del convoy, integrado por tres vehículos tipo pick up y cuatro unidades blindadas Humvee y algunas artilladas.
Al principio eran más de mil pobladores los que lograron congregarse, pero conforme las horas pasaron, se incorporaron habitantes de otras comunidades cercanas, de los municipios de Marquelia, Cruz Grande, Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Tierra Colorada. Sumaron alrededor de tres mil entre mujeres, niños y hombres, los que fortalecieron el cerco a los elementos castrenses.
Tecoanapa, con más de 44 mil habitantes, es un municipio ubicado en la Costa Chica de Guerrero, catalogado con un grado muy alto de marginación. A pesar de la riqueza de sus bosques y tierras, el 47% de su población vive en pobreza extrema y en desde enero en la zona surgió un grupo de autodefensa ante los asesinatos y secuestros cometidos por el crimen organizado contra la población.
Hace poco más de dos meses, el Ejército y la Policía Federal se instalaron en la zona para brindar seguridad en la zona, pero la comunidad continuó armada, argumentando que continuaban los secuestros y asesinatos.
Escala conflicto
Los militantes de la UPOEG bloquearon el acceso carretero en esa zona, medida que se extendió a las carreteras Tierra Colorada-Ayutla y México-Acapulco. Así, se establecieron bloqueos en Tierra Colorada, La Palma, El Pericón, Las Mesas y las Ánimas, sobre la vía estatal Tierra Colorada- Ayutla, así como en Xaltianguis, sobre la carretera federal México-Acapulco, lugar en donde 10 días antes se había producido un conflicto similar con personal adscrito a la 27 Zona Militar.
La dirigencia colectiva de la UPOEG, que encabezan entre otras personas Bruno Plácido Valerio, Gonzalo Molina Torres y Ernesto Gallardo Grande, militantes y simpatizantes de esa organización los desalojaron bloqueos para enviar una señal a las autoridades federales para sentarse a dialogar.
Sin embargo, Plácido Valerio, Gonzalo Molina y Ernesto Gallardo Grande mantenían su postura de que el gobierno federal había incumplido con los términos de un acuerdo de respeto y no agresión establecido entre el estado y la federación con la UPOEG.
La tarde de ayer, los pobladores endurecieron su posición tras ingresar al campo cercado en el que, desde hace más de dos meses, se instalaron los militares. Descubrieron hombres armados vestidos de negro, así como algunos implementos que, en su opinión, parecen haber sido usados para torturar personas, como una cuerda colgada con aspecto de horca, restos de comida, sangre y otros materiales.
En el curso de la tensa jornada, un mando del 48 Batallón de Infantería, el mayor Mauro González, sostuvo altercados verbales con Bruno Plácido y Gonzalo Molina, a quienes exigían que les franquearan el paso. La negativa de los dirigentes fue rotunda, además de que por su parte exigían la devolución de las armas incautadas y una explicación sobre los aparente implementos de tortura.
Fue entonces que los cerca de tres mil habitantes de las regiones de Costa Chica y Centro se declararon en “convención permanente” hasta que el gobierno federal ofreciera una salida negociada al conflicto.
Alrededor de las cuatro de la tarde, la comitiva de funcionarios estatales y federales arribaron al lugar en un helicóptero y por más de tres horas negociaron con los pobladores, quienes en algún momento los amenazaron en retenerlos también. Sin embargo, una hora después de dejar el municipio este grupo, pasadas las nueve de la noche, los militares fueron liberados.
