De los 18 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) que se integraron hace unos días, Oaxaca es el único estado donde la ley no está armonizada con la reforma electoral, por lo que enfrentará problemas para organizar sus comicios en 2015.

 

 

Desde el 23 de mayo está vigente las Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) que instauró un nuevo sistema de elecciones en el país, y en la cual se ordena a las entidades homologar sus legislaciones con las nuevas normas a más tardar el 30 de mayo pasado.

 

Sin embargo, Oaxaca, gobernada por Gabino Cué, fue la única entidad que incumplió el plazo, por lo que sus siete nuevos consejeros electorales, que tomaron protesta el miércoles, urgieron al Congreso de esa entidad para evitar que existan problemas de contradicción en los comicios.

 

“En este sentido, es apremiante iniciar con la armonización de la ley electoral local, ya que esto sin duda dará mayor certidumbre al actuar institucional”, dijo Uriel Pérez, consejero del Ople oaxaqueño.

 

En esa entidad se realizarán elecciones de autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres en 64 municipios.

 

“Si bien es cierto que en Oaxaca no existe en este momento un proceso electoral ordinario por el régimen de partidos políticos, como es el caso de otras entidades, es de suma importancia resaltar que se encuentra en curso ya la renovación de autoridades municipales por el régimen de sistemas normativos internos en 64 municipios que habrán de tener asambleas electivas este año”, consideró.

 

 

Además habrá “procesos extraordinarios que se viven en otros 12 municipios más, en ambos casos evidentemente se requiere de una atención especial para que dicha renovación se suscite en condiciones de estabilidad y paz social, por lo tanto habrá que estar muy atentos en la conflictividad que se pudiera suscitar en dichos municipios para canalizarlos oportunamente por la vía institucional”.

 

Al no tener armonizada su legislación electoral, el estado de Oaxaca enfrentaría discrepancias en temas como fiscalización, facultades de atracción y delegación con el INE, entre otras atribuciones que quedarán en el limbo por esa falta.