Los farmacodependientes mexicanos que quieren dejar su adicción depositan su “esperanza” en centros de rehabilitación –también conocidos como anexos– donde, sin embargo, arriesgan su vida, pues sicarios del narcotráfico van a buscarlos hasta allí, como ocurre en Guanajuato, uno de los más violento de México.
Estos locales, muchos montados por exconsumidores de estupefacientes y varios de ellos sin las autorizaciones requeridas, son frecuente escenario de tiroteos del crimen organizado, especialmente en ese estado del centro del país.
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Narcomenudistas que les cobran deudas buscan a algunos, explicó Nicolás Pérez, director de una red que agrupa 180 centros de rehabilitación en Guanajuato.
Pérez señala que ha recibido llamadas de extorsión de presuntos criminales, quienes le piden que entregue a algunos de los internos de los centros que coordina.
“Con todo el dolor”, él busca a las familias de esas personas para que vayan por ellas.
RIESGO PARA TODOS
Ni los administradores de estos centros están a salvo. Tres encargados de uno de los anexos desaparecieron el 2 de junio pasado luego de participar en una reunión de la red que dirige Nicolás Pérez.
Tras el secuestro de los trabajadores, las autoridades devolvieron a los internos del centro de rehabilitación con sus familias.
En otros casos, los cárteles asesinan a los internos por sospechar que fueron reclutados por bandas rivales, añade por su parte David Saucedo, analista en temas de seguridad.
Pesadilla
Una de las peores masacres ocurrió en julio de 2020, cuando un comando armado asesinó a balazos a 26 personas en una clínica del municipio de Irapuato y en abril, un ataque armado contra un centro de rehabilitación en el estado de Sinaloa dejó nueve muertos.
Nicolás Pérez, de 55 años, quien sufrió alcoholismo y drogadicción 20 años atrás, hoy asegura que lo que le impulsa es su familia.
“Siempre hay esperanza”, afirma Azucena, una voluntaria que dice haber hallado en el centro su “mayor recompensa”.
La mujer, que prefirió reservar su apellido por seguridad, paró su consumo hace 11 años en un anexo de la ciudad de Celaya, donde ahora comparte con los internos tareas domésticas, ejercicios y reuniones.
Javier Torres, de 44 años, también dejó las drogas en esa clínica y ahora guía a otros adictos. Tras diez años de abstinencia, recuperó su trabajo como profesor de primaria y la relación con su hija, “el mejor premio”.
AUMENTAN CLÍNICAS
Solo en Guanajuato, las clínicas pasaron de 150 en 2016 a 290 en la actualidad. “Empezamos a profesionalizarnos”, asegura Pérez, al estimar que una quinta parte de las personas que atiende se rehabilitan.
Dice que está certificado como consejero en adicciones. En los centros que coordina, un médico supervisa los períodos de abstinencia de los internos.
Reconoce que décadas atrás se aplicaban castigos, como obligar a permanecer arrodillados a quienes recaían.
En el primer semestre de 2015, alrededor de 10.4 por ciento de los solicitantes de tratamiento en los Centros de Integración Juvenil (CIJ, institución de participación estatal) de ese distrito declaraban haber consumido metanfetamina en los últimos 30 días.
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