Por considerar que los tres poderes constitucionales de Sinaloa se encuentran “funcionalmente comprometidos por su relación directa o indirecta, con el Cártel de Sinaloa”, el Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación LIBRES, presentó ante la Comisión Permanente, una solicitud de desaparición de poderes en esa entidad.
De acuerdo con el documento entregado este miércoles y dirigido a los integrantes de la Comisión Permanente, el poder Ejecutivo de Sinaloa está comprometido por el acuerdo documentado “mediante el cual su titular accedió al cargo; el Legislativo por haber sido electo en un proceso electoral intervenido por esa misma organización criminal; y el Judicial, por la imputación de quien encabezó su órgano superior durante más de una década y la vinculación familiar de dicha persona con la actual titular del Tribunal Electoral que validó el proceso”.
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Lo anterior, en referencia a los 10 acusados por la Fiscalía de Nueva York, de tener presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha y el senador, Enrique Inzunza.
La petición firmada por Liliana Nayeli Gallardo Limón, consejera jurídica y representante del CEN de LIBRES Agrupación Política Nacional, pide que en caso de que el Senado determine que se ha configurado la desaparición de los poderes en Sinaloa, se proceda al respecto y la titular del Ejecutivo federal, presente una terna para el nombramiento del nuevo gobernador de esa entidad.
LIBRES presenta argumentos
Entre los argumentos brindados por LIBRES, señalan que Rubén Rocha, accedió al cargo de gobernador de Sinaloa, “mediante un acuerdo con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como ‘Los Chapitos’, liderada por Iván Archivaldo Guzmán … Dicho acuerdo se encuentra documentado en la acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, en el expediente S9 23 Cr. 180 (KPF)”.
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Asimismo, acusa que el Congreso de Sinaloa fue electo en la jornada del 6 de junio de 2021 en que se eligió al gobernador Rubén Rocha. “Dicho proceso electoral fue objeto de una intervención sistemática y documentada por parte del Cártel de Sinaloa, que incluyó el secuestro de operadores políticos de la oposición la noche previa a la elección, el robo de urnas y boletas en casillas”, por lo que advierten que el Poder Legislativo local carece de legitimidad.
Mientras que el Poder Judicial de Sinaloa también presenta “cooptación estructural que compromete su independencia e imparcialidad”, lo anterior, debido a que Enrique Inzunza presidió el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, durante 11 años y está imputado en el mismo expediente federal que vincula al gobernador Rubén Rocha con el cártel de Sinaloa.