Organizaciones civiles de Chiapas y del país activaron una alerta urgente tras las amenazas de muerte y agresiones físicas sufridas por la defensora de derechos humanos Poulette Celene Hernández en el municipio de Tonalá, en la región Istmo-Costa, y exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la adopción inmediata de medidas de protección.
Chiapas en alerta
El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., organización a la que pertenece la abogada, advirtió que los ataques recientes no resultan hechos aislados, sino parte de un patrón de hostigamiento que coloca a la defensora en una situación de alto riesgo. En un pronunciamiento público, la organización alertó sobre el peligro inminente para su vida e integridad personal ante la violencia directa de la que resultó víctima.
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La documentación recabada señala que el 7 de febrero, cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas acudieron al domicilio de Hernández, ubicado en la colonia Democrática Chiapaneca, en Tonalá. Tras preguntar por ella y percatarse de que había más personas en el interior del inmueble, se retiraron del lugar, no sin antes advertir que regresarían, lo que se interpretó como un acto de intimidación.
Un día después, el 8 de febrero, tres personas —dos mujeres y un hombre— volvieron al domicilio, exigieron que la defensora saliera, la insultaron, la amenazaron de muerte y la agredieron físicamente, configurando un ataque directo contra su integridad.
Fiscalía recibe denuncia
Por estos hechos se presentó una denuncia penal registrada bajo el número de atención 070-2026 ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Región Istmo-Costa. Las organizaciones demandaron que la autoridad investigue con debida diligencia, identifique a las personas responsables y garantice el acceso a la justicia.
Poulette Celene Hernández es abogada y defensora de derechos humanos. En la región Costa de Chiapas coordina procesos de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y promueve la formación en derechos humanos, salud comunitaria y agroecología, en contextos atravesados por la violencia estructural y la vulnerabilidad social.
El riesgo para personas defensoras en la zona se ha incrementado en semanas recientes, luego de denuncias sobre intentos de despojo vinculados al proyecto del Corredor Interoceánico y presuntos casos de colusión entre grupos delictivos y autoridades locales, lo que ha generado un entorno adverso para quienes acompañan procesos comunitarios.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron la implementación de medidas de protección urgentes, efectivas y acordadas con la defensora, entre ellas vigilancia preventiva en su domicilio, coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, así como garantías para que continúe su labor sin criminalización ni estigmatización.
Los colectivos advirtieron que la omisión o tardanza en la respuesta institucional podría derivar en consecuencias graves e irreparables, y recordaron que la protección de las personas defensoras es una obligación del Estado mexicano, conforme a sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.