La violencia contra niñas, niños y adolescentes en Chiapas mantiene a la expectativa a organizaciones sociales y autoridades, especialmente en la región Altos y la zona Istmo-Costa, donde se han documentado más de 200 denuncias por agresiones sexuales y maltrato en los últimos años.
El dato más alarmante lo revela la organización World Vision México que señala que 80 por ciento de los casos de abuso y maltrato reportados corresponde a niñas y mujeres adolescentes; 60 por ciento dentro del núcleo familiar, perpetrado por personas cercanas al menor.
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Esta realidad, sumada a la pobreza, la dispersión comunitaria y la falta de servicios accesibles, dificulta la denuncia oportuna y perpetúa ciclos de violencia que muchas veces quedan impunes.
Autoridades estatales admiten que, lejos de reducirse, las incidencias van en aumento. La ausencia de mecanismos eficaces de protección y seguimiento ha colocado a Chiapas entre las entidades con peores indicadores de seguridad infantil en el país.
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Sin cifras
Datos oficiales del Congreso del estado y de la Secretaría de Salud federal indican que los hospitales de Chiapas atienden un promedio anual constante de agresiones domésticas, donde más del 80 por ciento de las víctimas femeninas son menores de 17 años.
Frente a este escenario, el Voluntariado de la Fiscalía ha intensificado su labor en las zonas más afectadas.
Organizaciones defensoras de la infancia en Chiapas han alzado la voz ante la gravedad de la situación. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) calificó como "reflejo de la crisis de derechos humanos" el reciente parto de una niña tsotsil de 13 años en San Cristóbal de Las Casas, y advirtió que los embarazos en menores de 14 años "no puede ni debe normalizarse, pues en su mayoría están vinculados a violencia sexual, uniones forzadas y fecundidad impuesta".
Documentan decenas de muertes en Chiapas
Por su parte, el colectivo 50 más 1 Chiapas condenó la agresión sexual contra una menor en el municipio de Juárez y denunció que el presunto agresor continúa en libertad.
Exigió a la Fiscalía General del estado atención inmediata, detención del responsable y acompañamiento psicológico y jurídico para las víctimas, bajo una perspectiva de derechos humanos que evite la revictimización.
La organización Melel Xojobal, que desde hace una década impulsa la acción pública Muerte Impune, ha documentado 79 muertes de niñas, niños y adolescentes en lo que va del año en Chiapas, que incluye 10 homicidios y seis feminicidios.
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La organización cuestionó recientemente la efectividad de la campaña estatal Cero Impunidad, al señalar que "no se traduce en acciones de justicia reales ni en estrategias que atiendan las causas estructurales de estas muertes (…) La impunidad de ayer es la impunidad de hoy; la de los imperios genocidas es la misma que la de los cacicazgos locales".
La Fundación Granito de Arena, que atiende semanalmente a 135 pacientes víctimas de abuso, ha señalado que la demanda de servicios ha rebasado su capacidad operativa.
Su presidenta, Elena del Rosario Torres Villanueva, lamentó que, pese a los años de trabajo, la institución aún no cuenta con un espacio propio ni con subsidios gubernamentales para atender el creciente número de casos.