La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) exigió al ayuntamiento de Benito Juárez que el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) pone en riesgo de privatización a playas de Cancún, Quintana Roo.
Detallaron que, pese a su carácter público, aparecen clasificadas como “servicios turísticos”, lo que facilita la restricción del libre acceso y promueve la privatización del litoral, entre ellas se encuentran Las Perlas, Langosta, Tortugas y Marlín.
La agrupación recordó que desde mayo pasado presentó de manera formal una solicitud para que el municipio inicie la elaboración de un nuevo PDU, con base en las irregularidades detectadas en las versiones vigentes 2018-2030 y 2022, las cuales, afirmaron, “presentan inconsistencias legales, técnicas y ambientales que contravienen derechos humanos y principios de planeación sustentable”.
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El colectivo destacó que, actualmente, sólo tres playas de Cancún están reconocidas oficialmente como públicas: las playas del Niño, Delfines y Coral.
No obstante, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó en su momento otros lotes al municipio con el propósito de destinarlos a equipamiento urbano y conservar accesos a la franja costera.
Sin embargo, varios de esos predios han sido reclasificados en los registros urbanos bajo categorías distintas, lo que, advirtieron, contradice el uso para el que fueron originalmente asignados.
Planeación en playas de Cancún, cuestionada
El debate sobre el acceso público a las playas de Cancún no es nuevo, desde la década de 1980, con el auge del turismo internacional y la expansión de la Zona Hotelera, organizaciones ciudadanas y ambientalistas han denunciado la reducción de accesos.
Además, la apropiación progresiva del litoral mediante concesiones privadas y modificaciones en los planes de ordenamiento territorial.
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La organización civil destacó que el modelo de desarrollo turístico impulsado por el Gobierno federal, a través de Fonatur, consolidó a Cancún como destino líder del Caribe Mexicano, pero también generó una estructura urbana desigual, donde la franja costera se orientó casi por completo al uso hotelero.
Ello derivó en que amplios tramos del litoral quedaran bajo control de empresas privadas o con accesos restringidos, lo que afecta el derecho ciudadano al libre tránsito.