El expediente del caso Joy Casino, que se encuentra en manos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) sigue acumulando nuevos elementos cada semana.
A lo que inició con una investigación por adeudos millonarios, se le sumaron denuncias laborales y recientemente, cuestionamientos sobre la situación financiera y operativa del establecimiento que opera bajo el permiso federal DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-01/2015.
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De acuerdo con la denuncia, los operadores de Joy Casino cuentan con adeudos e irregularidades con empleados y una empresa arrendadora.
El documento recabado por distintos medios señala que las empresas JUMAMEX, S.A. de C.V. y Entretenimientos El Yaqui, S.A. de C.V., cuentan con un presunto adeudo por rentas del inmueble donde operan ubicado en Ciudad Obregón, Sonora.
Sin embargo, el caso de JOY CASINO y Entretenimientos El Yaqui dejó de ser únicamente un conflicto entre particulares cuando se documentó un adeudo superior a 57 millones de pesos por concepto de rentas e intereses moratorios, mismo que incluso se reconoció judicialmente.
El principal cuestionamiento es, además de si existe una controversia mercantil o de arrendamiento, si una actividad altamente regulada por el Estado puede seguir operando bajo dichas condiciones sin que exista una revisión profunda por parte de la autoridad competente.
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A ello se le suman las denuncias de trabajadores que señalan retrasos salariales y presuntas irregularidades relacionadas con prestaciones laborales, generando preocupación sobre la verdadera situación financiera de la operación.
Otros señalamientos
Otro de los señalamientos incluidos en el expediente son posibles inconsistencias entre la realidad económica del establecimiento y la información financiera que se reportó ante distintas instancias, un tema especialmente sensible cuando se trata de una actividad sujeta a control permanente por parte del Estado mexicano.
El nombre de Samuel Lejtik Vargas surge de nuevo en el centro de las denuncias dónde lo identifican como representante tanto del permisionario federal como de la empresa operadora.
Lo anterior, según los denunciantes, evidencia una estructura de control común entre ambas entidades.
La situación presiona a la Secretaría de Gobernación y a la Dirección General de Juegos y Sorteos, que tendrán que determinar si los hechos denunciados constituyen únicamente conflictos entre particulares o si existen elementos suficientes para iniciar procedimientos administrativos de verificación.
El problema para la autoridad es que cada nuevo señalamiento se suma al anterior.