A dos semanas de que se lleve a cabo la Copa del Mundo, la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, la segunda más importante del país, sigue cerrada.
La comunidad maya de Pisté llevó a tribunales el conflicto por la reubicación de artesanos al Centro de Atención a Visitantes (Catvi) de Chichén Itzá, al promover un juicio de amparo contra autoridades estatales y federales por presuntas decisiones tomadas sin consulta ni consentimiento de la población.
El Concejo Indígena de Gobierno de Pisté informó que el recurso legal quedó registrado bajo el expediente 1219/2026 y ya quedó turnado a un juez federal para su análisis.
El conflicto gira en torno al traslado de comerciantes y artesanos mayas al Catvi, proyecto impulsado por la Federación, como parte de la nueva infraestructura turística vinculada al Tren Maya y a la operación de la zona arqueológica de Chichén Itzá.
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Desde hace meses, artesanos de Pisté han denunciado afectaciones económicas derivadas del nuevo esquema de acceso, al asegurar que la afluencia de visitantes disminuyó en el antiguo parador turístico y, con ello, las ventas para decenas de familias que dependen del comercio artesanal.
En representación del Concejo, uno de los promoventes detalló que el amparo aborda diversos actos que consideran violatorios de los derechos de la comunidad maya.
“El primero es la omisión absoluta y continuada de realizar a la comunidad una consulta previa, libre e informada”, expuso.
Denuncian baja en turismo en Chichén Itzá
Acusaron la ejecución de vías administrativas y la obstrucción del acceso tradicional al antiguo parador turístico ocurrida el pasado 18 de mayo, presuntamente sin una orden formal de autoridad.
Otro de los puntos incluidos en el recurso legal es el cierre de las taquillas del antiguo parador. Según los promoventes, aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene facultades sobre las taquillas, la decisión habría provocado una reducción en el flujo turístico hacia esa zona comercial.
Hay discriminación, afirman
El Concejo también denunció presunta discriminación comercial y canalización monopólica, acusando acciones institucionales y operativos encaminados a redirigir a los turistas exclusivamente hacia el Catvi.
Pisté, considerada la puerta de entrada a Chichén Itzá, ha vivido durante décadas del turismo generado por una de las zonas arqueológicas más visitadas del país, por lo que cualquier modificación en la dinámica de acceso y comercio impacta directamente en cientos de familias de la comunidad.
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“Mantendremos informada a la población tan pronto obtengamos respuestas. Ponemos en manos de la corte la justicia para las familias de Pisté”, señalaron los representantes del Concejo, quienes también agradecieron la paciencia de la comunidad mientras se resuelve el caso.
