El Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó al Gobierno Federal fortalecer su intervención en el municipio de Guadalupe y Calvo, ante el incremento de la violencia vinculada a la delincuencia organizada que ha provocado el desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara. La administración estatal planteó cinco acciones para reforzar la coordinación institucional en materia de seguridad y atención humanitaria.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, Enrique Rascón Carrillo, explicó que el desplazamiento forzado en Chihuahua es consecuencia de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, situación que ha obligado a numerosas familias, principalmente indígenas, a abandonar sus comunidades.
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El funcionario señaló que, aunque el combate al crimen organizado corresponde constitucionalmente al Gobierno Federal, la administración estatal ha asumido su responsabilidad mediante acciones presupuestales, operativas y humanitarias para proteger los derechos de las personas desplazadas.
No obstante, advirtió que la magnitud del problema requiere una mayor participación de la Federación, por lo que presentó cinco propuestas para fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno:
- Incorporar el desplazamiento forzado interno como un tema permanente en las Mesas de Construcción de la Paz del Gobierno Federal.
- Integrar esta problemática a la agenda del Gabinete del Bienestar para fortalecer la atención en alimentación, salud, vivienda y educación.
- Reforzar de manera permanente la estrategia federal de seguridad en los municipios serranos, mediante la atención a las causas de la violencia, la desarticulación de estructuras criminales y la detención de objetivos prioritarios.
- Restablecer los servicios federales en las comunidades afectadas, especialmente en salud, energía eléctrica, abasto e inspección forestal para combatir la tala ilegal.
- Destinar recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado interno dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En la conferencia también participaron la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, quienes dieron a conocer las acciones implementadas para atender a las familias desplazadas.
Entre las medidastambién destacan la activación de mecanismos de acompañamiento a través de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, la habilitación de albergues temporales, la entrega de alimentos, atención médica y artículos de primera necesidad.
Asimismo, informaron que se brinda apoyo psicológico y jurídico, restitución de documentos personales, vinculación a programas de integración social y laboral, así como acompañamiento para facilitar un retorno seguro a las comunidades cuando existan condiciones adecuadas de seguridad.
Las funcionarias subrayaron que la estrategia estatal no se limita a responder a la emergencia, sino que busca restituir los derechos de las personas afectadas y generar las condiciones necesarias para que puedan reconstruir su proyecto de vida.
Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró que continuará atendiendo la crisis humanitaria, fortaleciendo la presencia institucional en la Sierra Tarahumara y trabajando de manera coordinada con la Federación y los municipios para recuperar la paz, garantizar el respeto a los derechos humanos y propiciar el regreso seguro y digno de las familias desplazadas a sus comunidades.