Padres y madres de comunidades ubicadas en la región de Tierra Caliente -en Guerrero, Estado de México y Michoacán- hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, para que intervengan en el rescate de aproximadamente 500 jóvenes, inclusive mujeres, que estarían forzados a trabajar en condiciones de esclavitud por grupos criminales, desde hace más de cinco meses.
De acuerdo con testimonios de los familiares, los responsables de estos actos son integrantes de las organizaciones delictivas La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que controlan diversas zonas serranas en la región. Las víctimas habrían sido levantadas y llevadas a fincas clandestinas donde son obligadas a realizar labores forzadas.
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Cutberto, un hombre de 69 años y originario de la zona, relató en entrevista que muchas familias tienen miedo a denunciar las desapariciones por temor a represalias.
“Nuestros muchachos están reforzando cercas en terrenos que les han arrebatado a los campesinos. Las mujeres cocinan, pero también participan en actividades ilícitas”, declaró.
Según versiones de quienes han logrado escapar, las fincas están en zonas de difícil acceso, en los municipios guerrerenses de Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan; así como en Tlatlaya, Luvianos y Tejupilco, en el Estado de México; además de San Lucas, en Michoacán.
Imponen castigos
La denuncia también señala que los grupos criminales han asumido funciones que deberían corresponder a las autoridades, pues “cuando hay casos de violencia intrafamiliar, los criminales son los que ‘castigan’, no la justicia. Se llevan al agresor y así ‘ponen orden’”, dijo Cutberto.
Ante esta violencia estructural, muchas familias han optado por huir de la región. “Muchos de nuestros hijos se han ido a la Ciudad de México, Tijuana, Cuernavaca o Acapulco. Aquí no hay trabajo y la vida está controlada por ellos”, agregó.
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Los cárteles, aseguró, despojaron de sus terrenos a los campesinos y es donde operan. Entre las víctimas de reclutamiento están jóvenes que saben son violentos en sus hogares y que son consumidores de drogas.
Asimismo, dijo que para quienes desean migrar a Estados Unidos, “los criminales exigen un pago de hasta cuatro mil dólares -alrededor de 80 mil pesos- para permitirles salir de la región; si alguien intenta escapar sin autorización, sus familiares son presionados para cubrir la deuda”.
Al preguntarle por qué no han acudido a las autoridades, añadió: “Todos están sometidos: policías, jueces, ministerios públicos, incluso militares. Hasta los cuidan cuando están de fiesta. ¿Para qué denunciar, si son ellos mismos los que avisan a los delincuentes?”, dijo.
La comunidad exige acciones inmediatas del Gobierno federal y estatal, ante una situación que, aseguran, se ha agravado por la omisión y el abandono de las autoridades.
