Un grupo de juzgadores, con denuncias penales, quejas ante la Judicatura o previamente destituidos, contiende por algún cargo en las campañas de la elección judicial.
Entre los casos más relevantes se encuentra el de Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito de Michoacán y actualmente en campaña. A principios de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo denunció ante la Fiscalía General de la República.
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Denunciaron penalmente al juez por delitos contra la administración de la justicia porque ordenó frenar la elección de jueces, magistrados y ministros, en la que ahora es candidato.
En febrero pasado, el juez Santamaría acusó una persecución por parte de la FGR y confirmó que tenía una investigación abierta en su contra: “Este tipo de actos son tendentes a amedrentarnos. Amedrentar a influir en mi psique de cómo resolver para intimidarnos”, dijo en una conferencia de los jueces e informó que solicitó la protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, el pasado domingo el juzgador inició su campaña porque aceptó el pase automático a la boleta y de favorecerle el voto, seguir como titular del Juzgado Primero de Distrito de Michoacán.
Campañas que acercan
Entre sus propuestas de campaña señaló: "Los jueces podemos y debemos acercarnos más para conocer sus necesidades y en donde les ha fallado el Gobierno para ayudarles a hacer valer sus derechos”.
En su perfil que subió a la plataforma del Instituto Nacional Electoral, Santamaría Chamú dijo que es necesario que un Poder Judicial “no responda más que a la ley, porque de otro modo, de obedecer a los poderosos, provocaríamos que la gente se haga justicia por su propia mano”.
A su vez, en su Facebook, el juzgador manifestó que estaría en la boleta para defender la independencia judicial. “No estamos aquí para doblegarnos ante los poderosos ni para hacer el ridículo con meras ocurrencias, sino para actuar de manera congruente con nuestras convicciones”.
En septiembre de 2022, el Gobierno federal anunció que denunció penalmente y promovió una queja ante la Judicatura contra el juez federal de Tamaulipas, Samuel Ventura, a quien se le acusó de absolver a 24 imputados por el Caso Ayotzinapa, entre los que se encontraba el exalcalde Iguala, José Luis Abarca por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
“Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, procesales, temas de debido proceso que en nuestra opinión ha sido un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa por lo que se va a proceder en consecuencia”, señaló el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.
Más candidatos
Samuel Ventura compite para seguir como juzgador en Nuevo León y es de las pocas candidaturas que no transparentó su perfil ni propuestas en la plataforma del INE ni tampoco hay registros de que haya arrancado su campaña en redes sociales.
El juez Ventura también ordenó la liberación de Gildardo López Astudillo, quien como líder de Guerreros Unidos tuvo una participación preponderante en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero desestimó las pruebas.
En septiembre de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el caso como emblemático y pidió que se investigará a fondo; la actuación del juzgador sirvió para que el mandatario nacional hablará por primera vez de una reforma integral del Poder Judicial.
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También está en campaña el juez Conrado Alcalá Romo, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, quien desechó una orden de aprehensión en contra de Héctor Palma Salazar, apodado El Güero Palma, fundador del Cártel de Sinaloa.
Fortaleza seguridad
Dicho juzgador fue exhibido en la conferencia Mañanera y se señaló que se promovería una queja por su actuación y ahora busca seguir impartiendo justicia en Jalisco, entre sus propuestas está “fortalecer la seguridad jurídica a través del respeto y protección de los derechos humanos y la aplicación de la Constitución de forma independiente e imparcial”.
Francisco Martín Hernández Zaragoza fue destituido en 2015 por acusaciones se acoso sexual, cuya ratificación de la destitución ocurrió en 2017 y ahora es candidato a una magistratura de circuito en Jalisco.
En su perfil, resalta que ha dedicado su vida al estudio, con “altas calificaciones desde la primaria”. A su parecer, “el pueblo requiere de una justicia real, sin privilegios, mediante jueces capaces, honestos y valientes. Jueces del Pueblo no del Poder”.
Reportero de la sección México en el diario 24 HORAS. Con 19 años de experiencia en medios de comunicación, con énfasis en periodismo de investigación, transparencia, cobertura de temas electorales y judiciales.