Apenas unos días después de que un juzgado confirmara el fin del proceso penal en su contra por despojo y privación ilegal de la libertad, el defensor comunitario y comisario municipal de Santa María Chí, Yucatán, Wilberth Nahuat Puc, enfrenta un nuevo intento por reactivar el caso, luego de que la empresa porcícola San Gerardo impugnará la resolución judicial.
Para organizaciones y comunidades mayas, el recurso representa un nuevo episodio de criminalización contra quienes defienden el territorio y el medio ambiente.
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Nahuat informó que la empresa busca revertir la decisión tomada durante la audiencia del pasado 17 de junio, en la que una juez ratificó el cierre del proceso penal.
Según explicó, la apelación se sustenta en argumentos administrativos y pretende invalidar pruebas testimoniales que fueron consideradas durante el juicio.
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“Es muy preocupante que una empresa que ha criminalizado a una comunidad por defender la salud y el medio ambiente insista en mantener este proceso”, expresó, quien desde hace varios años se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la oposición a las granjas porcícolas en la región.
Señala irregularidades
El activista también cuestionó el manejo que las autoridades ambientales han dado al caso de la granja San Gerardo.
Señaló que, pese a la clausura del sitio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aún no determina el daño ambiental ocasionado y, además, permitió que sea la propia compañía la que realice el estudio que servirá para definir las medidas de reparación.
“Existe un evidente conflicto de interés. No puede ser que la empresa sea la que evalúe los daños que ella misma provocó. Se requiere una evaluación independiente”, sostuvo.
El caso de Nahuat se presentó por representantes de diversas comunidades como parte de un patrón de judicialización contra defensores del territorio.
En ese contexto, anunciaron una marcha estatal contra la criminalización que se realizará el 9 de agosto próximo, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con salida desde el Remate de Paseo de Montejo.
El director de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky, quien también enfrenta un proceso relacionado con ese conflicto, expuso que tanto su caso como el del comisario muestran el uso del sistema de justicia para intimidar a personas defensoras del medio ambiente y de los derechos colectivos.
“Primero vienen las campañas de difamación, después la criminalización y, si eso no funciona, siguen las agresiones directas”, advirtió.
“Ya habían absuelto a Wilberth y hoy otra vez buscan criminalizarlo. Lo que vemos es que pesa más el poder económico que los derechos de los pueblos indígenas”, lamentó Gregoria Dzul, defensora del territorio en Kinchil.
Mientras la apelación promovida por la empresa continúa su curso, las comunidades anticipan que mantendrán la movilización social.