Siete elementos están presuntamente relacionados con el grupo criminal 'La Barredora' y causaron baja, explicó el titular de la SSC.
Quadratín |

El titular de la Secretaría Seguridad Ciudadana de Puebla, Félix Pallares Miranda, informó que ocho mandos (siete de ellos presuntamente ligados a 'La Barredora') y 24 policías municipales quedaron removidos de sus cargos.

La baja de los jefes ocurrió luego de la detención de tres oficiales el pasado viernes por fuerzas federales. Hasta el momento, siete elementos están presuntamente relacionados con el grupo criminal 'La Barredora', explicó en conferencia.

Destacó que las acciones buscan depurar la corporación y evitar infiltraciones de superiores con vínculos criminales.

El secretario indicó que se seguirán los procedimientos legales correspondientes y que la revisión interna continuará.

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Las medidas se enfocaron en supervisar que la actuación de los oficiales cumpla con los protocolos de seguridad.

Reiteró que la corporación trabajará bajo el control directo de la SSC para fortalecer la vigilancia en Puebla.

La SSC reforzó su coordinación inter- institucional con autoridades estatales y federales, con el objetivo de cerrar el paso a la penetración del crimen organizado en las filas de la policía municipal.

Bajas de municipales por conductas disciplinarias y de mando por presuntos nexos con 'La Barredora'

Respecto a las bajas de los 24 municipales, señaló que fue después de que se realizaron investigaciones internas relacionadas con conductas disciplinarias.

Dicha cifra se desprende de 50 expedientes abiertos por la Unidad de Asuntos Internos desde el 15 de octubre, fecha en que inició el presente Gobierno local, informó el funcionario.

Dijo que de manera paralela a las investigaciones formales, la SSC lleva a cabo mesas semanales de análisis y evaluación, donde se revisa el desempeño operativo y el comportamiento de los elementos en activo.

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Uno de los puntos críticos señalados por Pallarés Miranda es la vigencia de los exámenes de control y confianza, actualmente establecida en tres años y adelantó que ya se analiza reducir este periodo, como medida preventiva para detectar con mayor oportunidad posibles riesgos de corrupción o colusión delictiva.