Al menos 150 personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado por diversos factores en la región de Apatzingán, principalmente relacionados con la violencia, reconoció la Secretaría del Migrante (Semigrante) de Michoacán.
Este martes, la dependencia estatal dio a conocer que se integró recientemente un esquema de protección con activación de coordinación interinstitucional particularmente en tres comunidades: Cueramato, Cueramatillo, y El Guayabo.
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Se implementaron acciones como el desarrollo de operativos para brindar servicios básicos a la población afectada y la instauración de un corredor seguro con vigilancia constante.
Asimismo, se entregaron despensas, suero antialacrán y kits de higiene, todo en coordinación con el ayuntamiento apatzinguense, la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Gobierno local y la Guardia Civil.
Personal de Semigrante señaló que en el caso de Apatzingán, se han desplegado estrategias con el fin de que las familias puedan retornar a sus lugares de origen y aunque se mencionan otras comunidades, la dependencia estatal sólo tiene reporte de las tres citadas.
Las familias podrán regresar a sus hogares si existen las condiciones de seguridad para ello o que el entorno permita que tengan tranquilidad, de lo contrario, no pueden volver porque sería exponerse a situaciones de peligro para su vida, señalaron.
Problema añejo
No existe un registro oficial año por año de las personas desplazadas de Apatzingán, por lo que las cifras provienen de autoridades municipales, organizaciones civiles y organismos internacionales.
Además de este último reporte de 150 personas, el episodio más grave ocurrió entre el 19 y el 22 de junio pasado, cuando al menos 225 habitantes abandonaron las comunidades de Cueramatillo, Cueramato y El Guayabo.
Lo anterior fue por los enfrentamientos armados y el uso de un artefacto explosivo improvisado. Organizaciones de expulsados advirtieron que la cifra es preliminar y que varias familias habían sufrido movilizaciones forzadas en repetidas ocasiones.
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En 2025, entre enero y marzo, la alcaldesa Fanny Arreola informó que alrededor de 150 pobladores fueron desplazados de comunidades rurales cercanas a Aguililla y Buenavista.
Señaló que la mayoría regresó tras el despliegue de una Base de Operaciones Interinstitucional (BOI).
Mientras que en 2024, persistieron las salidas forzadas de familias agrícolas, aunque sin un censo oficial para el municipio. La violencia en la región se mantuvo ligada a las disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.