La venta indiscriminada de los llamados “lotes de inversión” ha representado una amenaza directa para el patrimonio de las familias y la certeza jurídica de Yucatán, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Yucatán, Mauricio Morales Greene.
Advirtió que, bajo el nuevo marco legal vigente, comercializar estos esquemas es catalogado como un fraude inmobiliario penado por la ley.
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Explicó que la especulación generada alrededor de la tierra rústica en años recientes impactó de forma negativa al mercado formal, lo que ha propiciado engaños masivos.
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El posicionamiento del organismo empresarial, en coincidencia con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mérida, calificó a la gran mayoría de estos productos como una trampa financiera.
A diferencia de un lote residencial formal, los de inversión suelen ser fragmentaciones de monte o tierra rústica sin ningún tipo de urbanización primaria.
“El lote de inversión con las nuevas leyes se está erradicando; es vital decirlo a los clientes, el lote de inversión es un fraude inmobiliario con todas las letras de la ley y es penado”, aseveró Morales Greene.
Enfatizó que como sector industrial han identificado que estos esquemas no cuentan con el respaldo de las empresas formales ni de la infraestructura que garantizan las constructoras agremiadas a la cámara.
Llaman a investigar a constructoras en Yucatán
Ante este panorama, el líder de la Canadevi hizo un llamado a verificar rigurosamente la seriedad de las empresas antes de dar cualquier enganche o firma de contrato.
Para cerciorarse de que una compra cuenta con absoluta certeza jurídica, recomendó confirmar que el desarrollo disponga de licencias de construcción municipales vigentes, Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por las autoridades ecológicas, inscripción en el INSEJUPY y contratos de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
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A nivel institucional, el combate a esta problemática ha escalado mediante la aplicación de la NOM-247-SE-2021 por parte de la Profeco —la cual sanciona la publicidad engañosa que promete cercanía a playas o centros urbanos en predios inaccesibles—, así como la reforma a la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán. Esta última prohíbe la comercialización de terrenos sin garantías de municipalización de servicios.