La tensión en las inmediaciones de la zona arqueológica de Chichén Itzá escaló tras un cierre del antiguo parador turístico.
Representantes del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté –comisaría donde se asienta el sitio prehispánico– ofrecieron una rueda de prensa este martes para aclarar las demandas de la comunidad maya, luego de que los pobladores protestaron y derribaron un bloqueo instalado por fuerzas de seguridad federales y estatales en la antigua entrada a la zona arqueológica.
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El conflicto se recrudeció la noche del lunes, cuando se presume que elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cerraron el acceso.
Esta acción se interpretó por los habitantes locales como una obstrucción directa para que los artesanos pudieran ingresar a ofrecer sus trabajos, por lo que calificaron la maniobra como una “traición” que rompió los canales de comunicación previamente establecidos.
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Ante los hechos, el Gobierno del estado emitió un comunicado donde argumentó que el Centro de Atención a Visitantes (Catvi) y el antiguo parador turístico de Chichén Itzá permanecieron cerrados durante el martes debido exclusivamente a “aspectos operativos y de coordinación interinstitucional”, con la promesa de restablecer las actividades a la brevedad.
Sin embargo, los manifestantes inconformes desmintieron tajantemente esta información oficial, al sostener que el cierre técnico fue en realidad un intento de bloqueo para asfixiar su economía y restringir sus accesos tradicionales.
Protesta pacífica por Chichén Itzá
Durante el encuentro con los medios de comunicación, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté enfatizó que las protestas transcurrieron de manera favorable, pacífica y con plena claridad.
Reiteraron que las solicitudes del pueblo maya no representan intereses particulares ni exigencias desmedidas, sino derechos legítimos sustentados en la Constitución, tratados internacionales y su historia viva.
El convenio planteado ante las autoridades se compone de cuatro puntos centrales.
Garantía de no desalojo. Exigen un compromiso por escrito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Gobierno del estado para garantizar que los artesanos mayas y prestadores de servicios tradicionales no serán removidos de la zona arqueológica.
Permanencia del parador turístico. Certeza jurídica de que no se cerrará el parador turístico comunitario, del cual dependen económicamente numerosas familias de la comunidad.
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Libre acceso a visitantes. Respeto a la libre decisión de las agencias turísticas y de los turistas para ingresar a la zona arqueológica por cualquiera de las entradas existentes, lo que incluye la que se encuentra bloqueada temporalmente.
Respeto a los usos y costumbres. Restitución y respeto permanente –mediante acuerdos firmados– de sus ceremonias, rituales y tradiciones. Esto incluye la peregrinación del 12 de diciembre desde el interior de Chichén Itzá, considerada parte de la memoria espiritual de la comunidad.