La exigencia de implementar de forma inmediata la llamada Ley Chaleco, volvió a tomar fuerza tras el asesinato del líder sindical Mario Machuca Sánchez, ocurrido el pasado lunes en Cancún, Quintana Roo.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo estatal, consideró que esta normativa ayudaría a frenar hechos violentos cometidos por personas a bordo de motocicletas, quienes en muchos casos logran escapar sin que las identifiquen.
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Mencionó que “la sociedad está siendo afectada por la inseguridad, y esta ley es una medida solidaria que ayudaría a contener la situación”.
Además, lamentó que, pese a que el Congreso del estado aprobó la ley el 27 de febrero de 2023 y el Periódico Oficial de Quintana Roo la publicó el 17 de marzo del mismo año, las autoridades no han tomado ninguna acción para hacerla cumplir, aunque ya está en vigor.
La reforma al artículo 75 de la Ley de Movilidad establece que los motociclistas deben portar chalecos reflectantes con el número de placa visible, para facilitar su identificación en caso de alguna infracción o hecho delictivo.
AUTORIZADA, PERO SUSPENDIDA
Sin embargo, a casi año y medio de su publicación, su aplicación se mantiene suspendida debido a amparos promovidos por agrupaciones de motociclistas, que argumentan posibles actos de discriminación y violaciones a sus derechos.
“Es urgente que se aplique. No puede seguir ignorándose cuando ya ha habido múltiples hechos delictivos cometidos desde motocicletas, como este reciente y lamentable asesinato del dirigente de la CROC”, subrayó Galaviz Ibarra.
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Reconoció que se debe tomar en cuenta a los conductores que usan estos vehículos como medio de transporte cotidiano, pero también los llamó a actuar con solidaridad frente a la violencia que afecta a toda la sociedad.
Como alternativa temporal, propuso que quienes pertenezcan a clubes utilicen chalecos o chamarras identificables, mientras se resuelven los amparos. Al mismo tiempo, reiteró que el principal objetivo de la normativa es brindar certeza a la ciudadanía y facilitar las investigaciones en caso de delitos.
“Tenemos asaltos, robos y ahora un homicidio que ha conmocionado a Cancún. La autoridad tiene la ley en la mano y no actúa. Es comprensible que haya preocupaciones por derechos individuales, pero también hay un bien colectivo en riesgo”, concluyó.