El Instituto Pascual Borgia, operado por la asociación civil Celamex Italia, perdió un inmueble y están a punto de quedarse sin otro por un presunto fraude procesal.
La historia de la asociación se remonta a 1973, ya que desde esa época ocupa las instalaciones en Lago Argentina 17 y Lago Cardiel 43, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para actividades educativas y de apoyo a personas de escasos recursos.
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Sin embargo, la congregación de las Hermanas Somascas, encargadas del Instituto Pascual Borgia, se enfrentan a un litigio de años por la posesión de los dos inmuebles y ya perdieron uno, producto de un presunto fraude procesal.
De acuerdo con información obtenida por 24 HORAS, en 2014 se llevó a cabo una asamblea ilegal, en la que Jorge Toriello Villafuerte se asumió con poder legal y accionista de la Inmobiliaria Mondragone, creada para administrar los edificios.
Sin embargo, la citada asamblea se llevó a cabo de manera privada, en la que se presentaron documentos, donde los párrocos con iniciales E. M. H. y D. B. R. firmaron a favor de Toriello Villafuerte para acreditar la propiedad del inmueble. Además, la persona F. G. M. también compareció en la asamblea.
El presunto fraude procesal se cometió porque Toriello Villafuerte falsificó documentos y los protocolizó ante Notario Público para hacerse pasar como dueño y desde 2019 promover tres juicios de arrendamiento y desalojo contra el Instituto Pascual Borgia.
Investigación
En la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-3C/D/00483/05-2023 abierta en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, se asentó que los dos párrocos ya señalaron que nunca participaron en esa asamblea y sus datos fueron falseados, además de que la persona de F. G. M. murió en 2006, por lo que todos los actos realizados por Toriello Villafuerte carecerían de validez.
Sin embargo, tras años de litigio, se decretó hace unos días la liberación del inmueble ubicado en Lago Cardiel por despojo, pero el Ministerio Público, en lugar de asegurarlo por ser parte de una indagatoria abierta por fraude procesal, lo entregó a Toriello Villafuerte, a pesar del cúmulo de pruebas de la asamblea fraudulenta.
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Respecto al inmueble ubicado en Lago Argentina, el Juzgado 36 Civil de la ciudad autorizó ejecutar una orden de desalojo, basado en la misma asamblea de accionistas de 2014, en la que se utilizaron documentos falsos y de lo que el Instituto Pascual Borgia asegura ya presentó pruebas.
Este viernes se tiene programada una audiencia por el presunto delito de fraude procesal, en la que las autoridades del colegio confían en que se impute a Toriello Villafuerte, se les pueda regresar el inmueble y frenar la orden de desalojo para el otro recinto.
