Extrabajadores de Morena que, presuntamente fueron despedidos injustamente, denunciaron que el partido político obstaculizó una diligencia de embargo al impedir el acceso a sus instalaciones a funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Guadalajara, Jalisco.
Lo anterior, por negarse a pagar salarios caídos a los exempleados, las autoridades laborales ordenaron el embargo de bienes y prerrogativas del instituto político en su sede ubicada en la colonia Moderna.
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Según el expediente, durante la pandemia de Covid-19 la dirigencia suspendió el pago de salarios a diversos trabajadores; sin embargo, la medida no se generalizó.
De acuerdo con los quejosos, la cancelación de pagos se aplicó a personal que “no se alineaba a determinados intereses”, pero no a los que ellos aseguraron eran “aviadores” que continuaron en la nómina y afirmaron que algunos radican fuera de Jalisco e incluso algunos no se encuentran en el país.
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Fallo contra Morena
A pesar de que el fallo condenó al partido oficialista al pago de las prestaciones que se adeudan, Morena promovió diversos recursos legales para dilatar el cobro de los salarios, afirmaron los demandantes.
Debido a la negativa del instituto político de cumplir con la resolución, las autoridades laborales ordenaron la ejecución forzosa mediante embargo.
Presuntamente, la cancelación de los pagos ocurrió cuando Hugo Rodríguez Díaz fue dirigente estatal.
Y que entre los “aviadores” a quienes no despidieron había personal vinculado al grupo político del entonces aspirante Carlos Lomelí.
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Al principio interpusieron la demanda a cinco personas, pero dos de ellas aceptaron la liquidación, mientras que los otros se inconformaron y prosiguieron con el proceso.
De acuerdo con Morena, nunca hubo la intención de no pagar, sino que la solicitud estaba desde la anterior encargada de la administración del comité, pero hubo cambios en la dirigencia y también en los puestos directivos, por lo que el asunto quedó traspapelado.