Tras la implementación del programa federal Vive Saludable, Vive feliz, el comercio ilegal de dulces y alimentos chatarra continúa en las cooperativas instaladas dentro de las escuelas en Puebla, pese al riesgo de ser multados o hasta perder la concesión.
Rodrigo, un estudiante de preparatoria ubicada en colonia Azcarate de la capital, relató que en su institución se martiene la venta de papas y golosinas, pero deben llevar un traste o bolsa para que se los sirvan en ellos y no los vean.
Te puede interesar: Volvo Fashion Week México: una nueva era de lujo responsable y diseño con conciencia
El joven reveló que, tras la compra, los cooperativistas piden discreción a los alumnos y que, en caso de una visita de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), nieguen la venta de botanas y bebidas con edulcorantes.
“Si las venden, pero al comprar nos dan un tupper o algo para que no se vea. Esa es la idea y no debemos decir nada si viene la SEP”, dijo el adolescente.
En tanto, Martha, alumna de una secundaria técnica de la colonia Zaragoza de la capital, explicó que en su escuela retiraron de la tiendita los alimentos prohibidos para reemplazarlos por fruta, barritas de productos naturales y sanos.
SÓLO DURÓ UNA SEMANA
Sin embargo, esto duró apenas una semana, ya que las vendedoras dijeron que también había golosinas, pero que debían ser discretos, por lo que, en caso de ser cuestionados por autoridades, deben decir que los traen desde casa.
“A escondidas nos venden dulces, chicles, tamarindos, y nos dicen que tienen más cosas, que preguntemos porque no los pueden tener a la vista”, relató.
Sobre el programa, el secretario de Educación estatal, Manuel Viveros, adelantó que comenzarán los recorridos en los colegios para hacer llamados de atención a los vendedores y, posteriormente, sancionar a quien viole la norma.
De acuerdo con la ley, las autoridades podrían multar con cifras que van de los 10 mil hasta los 13 mil 140 pesos a quienes no cumplan, según el artículo 171 de la LGE.
Además, los establecimientos ubicados en escuelaspodrían ser objeto de clausuras temporales o definitivas. Además, sus dueños podrían ser arrestados hasta por 36 horas.
