En las sombras de la zafra cañera, donde cada año más de 2 mil 500 cortadores llegan a trabajar en los campos del sur de Quintana Roo, una crisis invisible se profundiza: la falta de identidad oficial de al menos uno de cada tres jornaleros de caña.
Gran parte de ellos provenientes no sólo de otros estados, sino de países centroamericanos, lo que los deja sin acceso a los derechos fundamentales, reveló un estudio de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
Para muchos de estos trabajadores agrícolas, provenientes de Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, así como para los migrantes extranjeros, la ausencia de documentos básicos como actas de nacimiento o credenciales de elector no solo los despoja de un nombre ante el Estado, sino que también les niega el acceso a derechos fundamentales.
Las condiciones en las que viven estos jornaleros y sus familias reflejan un alto grado de marginación y vulnerabilidad.
En la ribera del Río Hondo, donde se ubican las galeras (dormitorios colectivos con escasas condiciones de salubridad), la falta de documentación afecta a 70 por ciento de los asalariados, de acuerdo con el estudio.
La investigadora Martha García Ortega, especialista en migración laboral y coordinadora del estudio, destacó que uno de los datos más alarmantes de la investigación es la situación de los menores que llegan con sus familias.
CICLO DE TRABAJO INFANTIL
De las 101 encuestadas, se identificó que 255 menores viven en los campamentos cañeros, muchos sin acta de nacimiento ni acceso a educación formal.
“Los niños van al campo porque sus padres no tienen otra opción. Algunos comienzan a trabajar desde los diez años, exponiéndose a riesgos físicos y quedando atrapados en un ciclo de trabajo infantil y pobreza”, señaló García Ortega.
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El estudio revela que los niños de cero a cuatro años son los más afectados por la falta de registro civil. Sin documentos, quedan invisibles para las instituciones, sin posibilidad de recibir atención médica ni de ingresar a la escuela.
Ante este panorama, Ecosur ha trabajado en la elaboración de metodologías para la intervención social y gubernamental.
La investigadora destacó que han desarrollado un diagnóstico sociodemográfico y familiar, aplicado en encuestas en campo para obtener datos precisos.
Apoyo de instituciones a jornaleros de caña
Han contado con el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Gobierno del estado, con quienes buscan establecer estrategias de restitución de derechos.
Una de las primeras acciones es impulsar campañas de registro civil, tanto para trabajadores migrantes como para mexicanos que nunca fueron inscritos en el sistema oficial.
El reto de atender a los trabajadores de caña en Quintana Roo no es exclusivo de la región. Según los expertos, esta metodología de intervención podría replicarse en otras zonas agrícolas de México, donde el trabajo migrante es una realidad persistente.
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“Queremos que la academia sea una aliada para la intervención con estos grupos”, enfatizó García Ortega.
“No estamos hablando desde una oficina, estamos en campo, recorriendo las galeras, hablando con las familias y documentando su realidad para generar evidencia científica que impulse soluciones reales”, añadió.
Para muchas familias, el registro civil es el primer paso para salir de la invisibilidad y acceder a derechos básicos; sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para que la identidad oficial sea un derecho garantizado.
