La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó probables daños al erario por 151 millones de pesos en el municipio de Tequila, Jalisco, que encabezó el exalcalde Diego Rivera Navarro, quien es señalado de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A su vez, la ASF advirtió que el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos fiscalizados de la Cuenta Pública 2024.
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De acuerdo a la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2024, destacó que dicho municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones financiadas con los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales, asignados en 2024, por 151 millones de pesos. Por lo que se desconoce el destino del gasto.
Además, en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, al no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos transferidos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal.
Tequila no pudo comprobar dinero del Faismun, Fortamun y participaciones federales
La auditoría realizó el ejercicio de operaciones seleccionadas con Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamum) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun).
El municipio no pudo comprobar 25 millones 655 mil pesos del Faismun, 40 millones 740 mil pesos del Fortamun y 84 millones 627 mil pesos de participaciones federales.
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Asimismo, el Gobierno de Jalisco retuvo al municipio 48 millones de pesos correspondientes al 2024.
A Diego Rivera Navarro se le señala por encabezar una red de corrupción que operaba desde el ayuntamiento, donde implementó esquemas de extorsión contra empresas cerveceras, tequileras y comerciantes locales.
Al exalcalde de Tequila lo detuvieron el 5 de febrero junto con otros tres funcionarios públicos de la demarcación por el delito de extorsión.