Los delitos de despojo e invasiones de predios por grupos vinculados con organizaciones delictivas, disfrazadas de sindicatos, en la zona oriente del Estado de México, sigue al alza.
Tan sólo en el primer trimestre de este año se abrieron mil 292 carpetas de investigación por estos ilícitos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El territorio mexiquense encabeza la lista a nivel nacional, según el organismo; los municipios que más casos presentan son Ecatepec, con 123; Tecámac, con 98; Chimalhuacán, con 75; Nezahualcóyotl, con 68, y Toluca, con 67, carpetas de investigación abiertas en el periodo enero-marzo.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con las secretarías de la Defensa, Marina y de Seguridad mexiquense, así como la Guardia Nacional lograron la recuperación de 135 inmuebles que se encontraban tomados ilegalmente.
En estas acciones participó la recién creada Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la FGJEM.
Medios de comunicación y autoridades estatales señalaron que los principales agentes causantes de este delito en la zona oriente mexiquense son “sindicatos” como La Chokiza, Los 300 y el 22 de Octubre.
El 29 de abril, durante la recuperación de 14 predios, fue detenida una persona que presuntamente pertenece a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) conformada por colectivos de transporte y piperos de municipios como Ecatepec, Chalco y Tecámac.
VAN POR ENDURECER CASTIGOS
La presidenta municipal chalquense, Abigaíl Sánchez Martínez, reconoció que el tema de las invasiones y despojos en el municipio de Chalco no es nuevo, ya que desde hace varios años se registra este tipo de delitos, por lo que celebró la iniciativa que hace unos días presentó el diputado local, Miguel Gutiérrez Morales, para endurecer las penas por despojo.
El legislador Gutiérrez Morales indicó que el delito ha escalado en el Estado de México, debido a un vacío jurídico, por lo que llamó a sus compañeros a sumarse a la iniciativa que busca frenar los despojos y garantizar el patrimonio de las familias mexiquenses.
“Los resultados sorprenden porque existe un vacío jurídico en torno a este delito, tan es así que podría interpretarse que de este modo se protege a grandes intereses obtenidos mediante prácticas ilegales en donde han participado servidores públicos de diferentes instituciones, incluyendo a las y los notarios públicos”, explicó.
La alcaldesa Sánchez Martínez explicó que este ilícito es añejo; sin embargo, los casos quedan en la Fiscalía General mexiquense y en los juzgados, por lo que las autoridades municipales no intervienen.
