Tras las capturas ejecutadas en la entidad como parte del denominado Operativo Enjambre en la que detuvieron a alcaldes y otros funcionarios y exservidores públicos de Morelos y Querétaro presuntamente por tener “narcoligas”, éstos promovieron amparos para evitar probables actos de incomunicación o desaparición forzada.
De acuerdo con registros judiciales, los recursos legales fueron interpuestos por Arisbel Rubí Vázquez Amaro, consejera estatal de Morena, así como por Agustín Toledano Amaro, presidente municipal en funciones de Atlatlahucan.
Suscríbete a nuestro canal
También te puede interesar: Operación Enjambre: Caen alcalde de Atlatlahucan y exalcalde de Yecapixtla en Morelos
En la síntesis de los acuerdos publicados en las listas judiciales con fecha del 20 de mayo de 2026, la autoridad federal correspondiente determinó el otorgamiento de la protección de la justicia.
"Se decreta de plano la suspensión a la parte quejosa”, establece el mandato con la finalidad de que las autoridades ordenadoras cesen de manera inmediata cualquier acto violatorio de derechos humanos, tales como la incomunicación, deportación, expulsión o desaparición forzada.
También te puede interesar: Renuncian a la SCJN funcionarias que promocionaron snacks
La concesión de estas suspensiones de plano representa un mecanismo ordinario de control de garantías constitucionales; sin embargo, las resoluciones emitidas no interfieren con las órdenes de aprehensión vigentes ni implican la liberación de los imputados.
Tanto los servidores públicos federales como los municipales detenidos durante los despliegues de las últimas horas continuarán recluidos bajo el resguardo de las autoridades competentes, mientras las fiscalías desahogan las investigaciones por nexos delictivos.