Esta sentencia marca un hito en la lucha de las mujeres en el acceso a la justicia
Foto: Especial | Esta sentencia marca un hito en la lucha de las mujeres en el acceso a la justicia  

El Tribunal de Enjuiciamiento del municipio de José María Morelos condenó a Eduardo A, a siete años y seis meses de prisión, además de una multa de 47 mil 500 y 280 mil pesos como reparación del daño moral y violencia digital por la creación y difusión, sin consentimiento, de un video íntimo sexual de su expareja, mediante redes sociales y medios electrónicos.

Esta la  primera sentencia condenatoria en un caso de violencia digital sexual en Quintana Roo 

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De acuerdo con el colectivo Las Defensoras MX, cuya abogada Lizbeth Lugo, junto con la Fiscalía quintanarroense brindaron apoyo a la una joven estudiante maya, desde que denunció en marzo de 2021, esta sentencia marca un hito en la lucha de las mujeres y un precedente crucial en el acceso a la justicia.

“Este caso, que ha tardado casi cuatro años en llegar a juicio, representa una victoria significativa para las mujeres víctimas de violencia digital(…) y la sentencia reconoce la gravedad de este tipo de violencia y la realidad de lo virtual”, expresaron a través de un comunicado, tras darse a conocer la decisión del juez Rodrigo Barrera Díaz.

ESTIGMATIZADA Y DISCRIMINADA

El documento explica que, a lo largo del proceso, “la defensa del agresor utilizó tácticas dilatorias y misóginas, revictimizando a la denunciante”. Además, agrega que la falta de celeridad en el juicio subraya las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.

Precisa que el juicio también resalta el impacto devastador de la violencia digital. Recuerda que la difusión del video íntimo de la víctima no solo afectó su bienestar psicológico. Además, la sometió a agresiones sociales y comunitarias.

En un contexto de pueblos originarios como José María Morelos, la joven fue estigmatizada, discriminada y desplazada, alertan.

Las Defensoras MX y la asesora legal del caso, explicaron que este caso subraya la importancia de implementar una reparación integral del daño con perspectiva de género. 

 

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