La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un precedente histórico en la lucha contra la impunidad y la violencia de género al revocar la reducción de condena otorgada al feminicida de la maestra Jessica González Villaseñor, asesinada en septiembre de 2020 en Morelia, Michoacán, señalaron Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán y Josué Mejía, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán.
El fallo, derivado del Amparo Directo en Revisión 4872/2024, reafirma que los tribunales del país no podrán reducir las penas por feminicidio con base en el derecho a la reinserción social, al tratarse de delitos de extrema gravedad que vulneran la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres.
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El caso que estremeció a Michoacán y a México
Jessica González, joven maestra de 21 años, fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020 y hallada sin vida días después en un paraje boscoso de Morelia. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmaron que fue víctima de feminicidio a manos de su pareja sentimental, Diego Urik, quien la golpeó brutalmente antes de privarla de la vida.
En febrero de 2023, un juez dictó 50 años de prisión al agresor; sin embargo, meses más tarde un tribunal redujo la pena a 42 años y seis meses, al considerar como atenuante la edad del sentenciado (18 años al momento del crimen) y su supuesto derecho a la reinserción social.
Esa resolución la impugnaron las víctimas indirectas, y el caso llegó a la Suprema Corte, respaldado por un Amicus Curiae presentado por la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán.
Participación decisiva de Michoacán ante la Suprema Corte
El documento, impulsado por el fiscal general Carlos Torres Piña y el ombudsperson Josué Mejía Pineda, aportó argumentos jurídicos y de derechos humanos que resultaron fundamentales para la decisión final del máximo tribunal.
Ambas instituciones colocaron la perspectiva de género y los derechos de las víctimas en el centro del análisis constitucional, enfatizando que la proporcionalidad de la pena en casos de feminicidio no puede relativizarse mediante argumentos atenuantes.
“Este fallo es una victoria de la justicia, de las víctimas y de todas las mujeres que han exigido vivir sin miedo”, señaló Torres Piña al conocer la resolución, al tiempo que refrendó el compromiso de mantener una Fiscalía sensible, profesional y firme ante la violencia feminicida.
Por su parte, Mejía Pineda reconoció la valentía de la familia de Jessica y de los colectivos que acompañaron el proceso, destacando que “la colaboración institucional puede transformar la justicia en un verdadero instrumento de protección de los derechos humanos”.
Un precedente nacional en justicia con perspectiva de género
La ponencia, a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, sostuvo que la reinserción social no puede ser criterio válido para disminuir la sanción en un feminicidio, y que las resoluciones judiciales deben partir de un análisis estructural de la desigualdad y la violencia de género.
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Con esta determinación, la SCJN dejó sin efecto la reducción de condena a Diego Urik y ordenó emitir una nueva sentencia conforme a los principios constitucionales y de proporcionalidad.
El fallo sienta jurisprudencia obligatoria: a partir de ahora, ningún juez del país podrá reducir condenas por feminicidio invocando la reinserción social como atenuante.
Justicia con rostro humano
Para Michoacán, este logro simboliza una victoria colectiva que trasciende el ámbito jurídico: la consolidación de una justicia con rostro humano, donde las víctimas son escuchadas y la impunidad no tiene cabida.
La acción conjunta de la FGE y la CEDH no solo restituyó la justicia en el caso de Jessica González, sino que marcó un antecedente ante cualquier acto de violencia feminicida en Michoacán y en el país.