La rendición ante la justicia de Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y del exfinanciero Enrique Díaz Vega, no sólo ha descabezado políticamente al entorno del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sino ha revelado el eslabón más débil de la administración del morenista.
El expediente judicial abierto en la Corte de Distrito de Brooklyn, junto con otros casos reportados durante el Gobierno del mandatario señalado, expone una realidad: la transformación de las corporaciones policiales locales en brazos ejecutores del crimen organizado.
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Colectivos de buscadores afirmaron que estas revelaciones no son una sorpresa: "Llevamos años denunciando que a nuestros hijos se los llevaron patrullas oficiales, con policías uniformados", señaló una activista de Sabuesos Guerreras, bajo anonimato por motivos de seguridad.
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Largo historial de Rubén Rocha Moya
Otros casos de la administración de Rocha Moya refuerzan las debilidades de la policía ante el crimen organizado.
El documento de acusación formal detalla un nombre: Juan Valenzuela Millán, excomandante de la policía de Culiacán, acusado por EU de operar bajo la nómina de Los Chapitos.
Según las investigaciones, el exmando no sólo facilitaba el libre tránsito de cargamentos ilícitos, sino que utilizaba patrullas, armamento oficial y personal uniformado para realizar detenciones ilegales, secuestros -entre ellos un agente de la DEA- y dar protección a líderes del Cártel de Sinaloa (CS).
Pero, uno de los golpes judiciales más significativos de los últimos años ocurrió en diciembre de 2022. Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra municipales en activo de Ahome, por la desaparición forzada de tres jóvenes (entre ellos una mujer embarazada), quienes quedaron interceptados por oficiales que los entregaron al CS y no una autoridad judicial. Las víctimas posteriormente murieron asesinadas.
Otro caso fue el de José Antonio Dionisio Hipólito, Tornado, exsubdirector y excomandante de la Policía estatal de Sinaloa, vinculado a una investigación internacional del Departamento de Justicia de EU, señalado como pieza operativa clave de una red de protección institucional y narcotráfico.
Mazatlán: detenciones en flagrancia
La vulnerabilidad de las policías municipales se ha evidenciado mediante detenciones directas realizadas por el Ejército al descubrir el apoyo vial y de cobertura que daban los agentes a convoyes delictivos, en Mazatlán y municipios aledaños (como Concordia).
Además, en febrero de 2025, dos agentes en activo de la Policía municipal de El Fuerte, quedaron detenidos y presentados ante jueces de control acusados formalmente del delito de desaparición forzada de personas.
Culiacán vive un violento fin de semana
La jornada de violencia registrada este fin de semana en Sinaloa dejó agresiones armadas, homicidios de mujeres y ataques a inmuebles, principalmente en Culiacán.
Los reportes oficiales confirman el fallecimiento de Marta Ofelia, una mujer de 73 años, tras un ataque con armas cortas en la colonia 6 de Enero, hecho por el cual las fuerzas de seguridad detuvieron a un presunto responsable en motocicleta.
En la colonia Estela Ortiz de Toledo se sumó el homicidio de otra mujer, de 61 años, atacada a balazos en el exterior de su domicilio la tarde del viernes.
Durante la madrugada del sábado, un grupo de civiles armados disparó e incendió una residencia y varios vehículos en la colonia Libertad, frente a una escuela primaria, sin que se registraran heridos en el sitio.
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Además, dos motociclistas, entre ellos un menor de 14 años, fueron heridos a balazos cerca del fraccionamiento Hacienda del Valle, al sur de la ciudad.
También, un grupo de sujetos armados atacó a pleno mediodía a balazos la fachada y los cristales de una financiera ubicada en la colonia Jorge Almada, donde había trabajadores. Se reportan sólo daños materiales.
El sábado se reportan al menos un homicidio, el ataque a un spa y a un lavado de autos.