Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, habría abandonado Morelia desde el helipuerto La Viña con destino a Guadalajara y posteriormente de ahí se habría desplazado hacia Estados Unidos, de acuerdo con información obtenida este martes al interior de la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque la dependencia afirma no tener ubicado formalmente al exmandatario michoacano, las indagatorias apuntan a que su salida se habría registrado el 1 o 2 de marzo de 2025, en medio de las investigaciones abiertas en su contra por presuntos actos de corrupción y otros delitos relacionados con su administración estatal.
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De acuerdo con las fuentes consultadas, hasta ahora no existe un proceso de extradición contra Aureoles Conejo, debido a que las autoridades mexicanas no cuentan con una ubicación oficial que permita iniciar dicho procedimiento ante otro país.
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“No sabemos en dónde está. No está ubicado; se pide un proceso de extradición cuando se sabe en dónde está”, señalaron fuentes al ser consultadas sobre el caso del exgobernador.
La dependencia federal confirmó que existe una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos, caso que mantiene abierta la ruta judicial contra quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021.
Silvano Aureoles cuenta con señalamiento de tortura
Además de la investigación federal, el exmandatario enfrenta señalamientos ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán por presuntos delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, derivados del operativo policial realizado en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
En torno a versiones sobre una presunta ayuda de grupos criminales para que Aureoles Conejo saliera del país, las fuentes de la FGR evitaron confirmar esa línea y se limitaron a señalar que la orden de aprehensión se mantiene vigente.
El caso de Silvano Aureoles se mantiene como uno de los expedientes judiciales de mayor impacto político en Michoacán, tanto por el monto del presunto desvío atribuido a su administración como por las investigaciones relacionadas con el operativo de Arantepacua, uno de los episodios más graves de violencia institucional registrados durante su gobierno.
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La FGR mantiene vigente la búsqueda del exmandatario, mientras las fiscalías federal y estatal sostienen procesos paralelos por distintos delitos que podrían derivar en nuevas acciones judiciales en su contra.