A dos semanas de que se difundiera el caso de tres jóvenes de la secundaria técnica 1 en Zacatecas, quienes presuntamente crearon un catálogo pornográfico con al menos 400 fotografías alteradas con Inteligencia Artificial (IA) de sus compañeras, se desconocen avances de la investigación.
Sólo se sabe que la Fiscalía abrió una investigación, uno de los jóvenes sufrió la expulsión de la escuela -quien ya fue interrogado y su celular analizado- además, hay 46 denuncias formales y que el director y la trabajadora social quedaron separados de sus cargos para esclarecer los hechos. De los otros dos alumnos involucrados no se sabe nada.
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Lo que comenzó como una exigencia de justicia inmediata, se transformó en debate jurídico que podría dejar insatisfechas a las víctimas por los vacíos legales: la Ley Olimpia se diseñó para castigar la difusión de imágenes reales sin consentimiento; pero el Código Penal estatal no tipifica la creación de material sintético o deepfakes.
A pesar del delito contra la intimidad sexual, los menores sólo pasarían un máximo de tres años privados de su libertad, porque se les juzgará por la Ley General para Prevenir la Trata de Personas en el apartado de Porno Infantil.
Las sanciones
En entrevista con este medio, Olimpia Coral Melo, promotora de la ley que lleva su nombre, explicó que en las normas zacatecanas sí se contemplan sanciones para los menores que utilicen IA para sexualizar las imágenes, como ocurrió en la secundaria técnica 1.
Los jóvenes de 14 a 16 años pueden recibir máximo tres años de privación de su libertad, los menores de 14, medias de supervisión, acompañamiento, protección y restitución de derechos.
Señaló que el director y la trabajadora social del plantel sí tienen responsabilidad, pues los hechos ocurrieron en el interior de la institución e “hicieron borrar las pruebas”.
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Emilia Pesci Martínez, activista en Zacatecas, ha advertido a las familias que la legislación local sanciona la difusión de contenido íntimo real, pero no la violencia digital mediante contenido "simulado" o generado por IA, lo que permite a la defensa argumentar que no se difundieron imágenes reales de los menores, lo que podría debilitar los cargos más graves y, con ello, no habrá cárcel para los jóvenes responsables.
Aunque legisladores locales urgieron a reformar el Código para incluir la violencia por IA, el principio de no retroactividad impide que nuevas leyes se apliquen a este caso.