El Gobierno de Sinaloa, encabezado por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, anunció este viernes la autorización para edificar un nuevo centro penitenciario en la entidad con inversión del gobierno federal. De acuerdo con el comunicado oficial, esta obra tiene como objetivo fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario en el estado.
El boletín destaca que la administración estatal cuenta con el respaldo absoluto del Gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gabinete de Seguridad.
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La gobernadora declaró que esta decisión representa un avance y “refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”.
Muertes en el penal de Mazatlán
Este anuncio sobre el nuevo penal ocurre como respuesta inmediata a una crisis de violencia que estalló durante las últimas 24 horas al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán.
Una serie de enfrentamientos, que iniciaron ayer durante el horario de visita familiar, han dejado un saldo total de 12 personas muertas. Las autoridades confirmaron primero la muerte de 10 personas ayer jueves, cifra que se incrementó hoy viernes tras una segunda riña que dejó dos fallecidos adicionales.
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Entre las víctimas mortales se identificaron a 11 personas privadas de la libertad y a un menor de edad que se encontraba de visita.
Dos semanas antes, el 24 de septiembre, otras dos personas privadas de la libertad murieron durante una riña registrada en el área de talleres del mismo penal.
Según la SSP estatal, ambos internos sostuvieron una discusión durante la cual se lesionaron. La Fiscalía de Sinaloa fue notificada para investigar lo ocurrido.
Crisis en el sistema penitenciario
Los recientes sucesos en el Reclusorio Oriente muestran cómo los internos aún logran organizarse para cometer delitos, lo que representa un reto constante para la seguridad de las prisiones en la capital.
En junio de 2025, un interno murió tras accionarse un arma de fabricación artesanal dentro del penal, mientras que en abril de ese mismo año falleció Miguel “N”, investigado por una serie de feminicidios. Asimismo, durante 2026, tres reclusos fueron señalados por su probable participación en extorsión agravada y, en septiembre, un enfrentamiento entre colectivos en las inmediaciones dejó tres lesionados.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 2025) presentado por la CNDH, los 13 centros penitenciarios estatales en la Ciudad de México, que concentran una población de 26 mil 609 personas privadas de la libertad, enfrentan graves problemas como el hacinamiento y la deficiencia en la atención a los internos.
Además, en nueve de los 13 centros, las autoridades informaron que el personal de seguridad y custodia no percibe un salario suficiente, lo que impacta directamente en la gobernabilidad y en la retención del personal.
El documento destaca también que la CDMX ocupa el primer lugar nacional en autoagresiones dentro de penales estatales, acumulando 112 casos registrados en dicho periodo.
En complejos de alta concentración como el Reclusorio Norte, la supervisión de la CNDH detectó hacinamiento, deficiencias en la atención a personas en condiciones de aislamiento, falta de prevención de incidentes violentos y una deficiente atención a las violaciones de derechos humanos.
Sheinbaum señala que ya comenzaron las investigaciones
Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se indagarán los motivos detrás de las riñas y adelantó que será el Gabinete de Seguridad el encargado de dar a conocer los hallazgos.
Sobre el contacto con las familias de los afectados, la mandataria subrayó que tanto las autoridades federales como las estatales deben mantenerlos informados. “Siempre se hace, [...] tienen esa obligación”, recalcó
Con información de Eduardo Alavez