Una jornada de incertidumbre y tensión se vivió ayer en Mexicali, Baja California, tras la emisión de una alerta de seguridad por parte del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana —a la cual se sumó Canadá— ante posibles amenazas de violencia en la ciudad fronteriza; aunque no se presentaron incidentes.
La medida, que incluyó la suspensión de actividades gubernamentales estadounidenses y la restricción de viajes a la capital bajacaliforniana, contrasta con la postura del Gobierno de México, que sostuvo que no existen elementos que confirmen un riesgo inminente para la población.
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La alerta norteamericana fue difundida la noche del lunes, en la cual llamaba a sus ciudadanos a evitar asistir a edificios gubernamentales.Trascendió que la advertencia derivó de un reciente operativo conjunto donde se decomisaron 120 kilos de fentanilo a una célula del Cártel de Sinaloa.
No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia Mañanera que la alerta se emitió con base en "información de las propias agencias" estadounidenses sobre la presencia de un grupo delictivo y enfatizó que la amenaza no estaba confirmada.
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Despliegan operativos
Pese a la cautela del Ejecutivo federal, la desconfianza en Mexicali se acentuó cuando el titular de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó que sí existió una amenaza directa hacia las autoridades, aunque no para la ciudadanía en general.
Como consecuencia directa, el Poder Judicial de la Federación en esa ciudad suspendió sus actividades y audiencias en el Centro Cívico.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró: “Mantenemos activos y reforzamos los operativos de seguridad en Mexicali, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno”.
Pidió que “ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1; denuncia anónima al 089”.
Por su parte, el Gabinete de Seguridad Nacional emitió un comunicado donde aseguró que mantiene coordinación con Washington, pero reiteró que no hay indicios de riesgo específico.
Al mismo tiempo, las autoridades bajacalifornianas desplegaron un operativo conjunto con fuerzas federales y la Guardia Nacional para blindar edificios públicos y reforzar patrullajes en la ciudad.
El mando policial admitió desconocer el origen exacto de la amenaza y que el despliegue era estrictamente preventivo. La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, coincidió en que sólo cuentan con la información del consulado.
Detrás estarían los rusos
No obstante, trascendió que la amenaza iba dirigida a instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública municipal y a la Fiscalía General de la República, por parte de presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rusos.
La falta de claridad generó reacciones. La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Lizbeth Mata Lozano, exigió transparencia a los tres órdenes de Gobierno. "La ciudadanía tiene derecho a la certidumbre. No basta con decir que existen mesas de seguridad; la población no puede enterarse primero por autoridades extranjeras y recibir mensajes ambiguos en su propio país".
Mexicali permaneció bajo un riguroso cerco, reflejo de la compleja agenda de seguridad en esta franja clave para el tráfico transfronterizo.