La explosión en el poliducto Tuxpan-Poza Rica-Tula de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó como saldo 137 decesos, permitió medir las capacidades de respuesta de los Gobiernos federal y estatal, frente a una contingencia de una magnitud en la que no tenían experiencia.
A dos días de que se conmemorara el primer año de la tragedia, el Procurador General de Justicia del estado, Raúl Arroyo González, calificó como fundamental revalorar cuál es la coordinación institucional.
“Logramos identificar todos los restos, que después fueron entregados a sus familiares, con esto dejamos concluido y cerrado este muy penoso y lamentable asunto. Tlahuelilpan significa la tragedia más importante que ha tenido la entidad en sus 150 años de vida”, manifestó el titular de la PGJH.
Indicó que en escasos 90 minutos pudieron congregarse en el lugar y formar un equipo de más 80 personas, quienes dieron una respuesta inmediata a esta contingencia durante las siguientes 72 horas, y después con el proceso de identificación de restos que llevó varios meses.
“Hicimos lo que la ley establece, que fue el levantamiento de restos óseos en el lugar, posteriormente, procesos de identificación esa fue la responsabilidad de la Procuraduría, 16 restos fueron identificados en el Servicio Médico Forense (Semefo) que se instaló en la ciudad de Tula, y otros 53 pasaron por laboratorios de genética, una vez que se identificaron fueron entregados a las familias, uno de ellos fue enviado a Guatemala”, apuntó.
Cuestionado las declaraciones del alcalde de este municipio, Juan Pedro Cruz Frías, quien expresó el jueves pasado a este diario que lo dejaron solo en el combate a la inseguridad y sin oportunidades a la población y dijo que no las comparte.
También consideró que en el siniestro la responsabilidad del estado fue clara: “El gobernador hizo presencia en el lugar y a partir de ahí hubo una conjunción del Gobierno federal y de la entidad”.
LEG
